Según el informe policial, Cerdán facilitó su correo corporativo a Koldo para que le remitiese por esa vía «ciertas comunicaciones relevantes», dice el juez, que se refiere a unos mensajes del verano de 2017, en los que el exasesor ministerial le preguntaba dónde enviaba la documentación necesaria para su contratación en el PSOE, donde figuró como asalariado el 25 de octubre de 2017.
Además, tras los indicios hallados por la UCO de que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo, y de que también pudo haberse llevado dinero, el juez ha atendido a la petición de los investigadores para bucear en sus cuentas, a excepción de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias.
En total son casi medio centenar de cuentas y productos bancarios, al incluir también las relativas a los cinco empresarios o a las empresas Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y la Servinabar 2000, y la fundación Fiadelso, «estrechamente vinculada» a Ábalos.
La causa en la que están investigados los dos últimos ex secretarios de Organización del PSOE se extiende ya a cinco empresarios: José Ruz (Levantina), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona, y Antxón Alonso (Servinabar 2000).
En el registro a este último los agentes hallaron 16.180 euros en efectivo y una escritura de 2016 en la que Alonso transfería el 45 % de las participaciones a Cerdán. Tanto el exdirigente socialista como la empresa niegan que haya sido socio.
El juez investiga a los empresarios como «administradores de hecho» de empresas que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio» y que «pudieran haber participado en la realización de pagos».
La UCO, según el juez, ha identificado «debidamente» las 11 obras que podrían haber sido adjudicadas irregularmente durante el período de Ábalos en Transportes, y por ello quiere profundizar en los expedientes de adjudicación solicitados a ADIF y a la Dirección General de Carreteras.
Entre ellos figuran la licitación del proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, por 102.829.873 euros; el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, por 158,8 millones; un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, por 92,4 millones de euros; o la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por 62 millones.
El juez ha pedido además a la Audiencia Nacional investigar a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su presunta participación para que «las adjudicaciones proyectadas» por Ábalos y Koldo «pudieran llegar a buen término».
