El informe en el que quedarían marcadas el resto de evidencias halladas –al margen de las encontradas desde que comenzó el «caso Koldo» y expuestas en atestados anteriores– contra el ministro estaría ya redactado, aunque todavía no ha sido entregado al juez que instruye las pesquisas. Entre las razones de la tardanza en avanzar en la investigación está la ingente cantidad de trabajo que soportan los investigadores al instruir la mayor parte de las causas que cercan al Gobierno Sánchez.
Aunque todavía Torres no ha comparecido en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo –sí lo hizo en calidad de testigo y por escrito–, para los investigadores sí hay indicios, conversaciones y una cronología que la Guardia Civil considera relevante dentro del llamado «caso Koldo», la presunta trama de adjudicaciones públicas y cobro de mordidas articulada alrededor del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El foco de la investigación contra el ministro de Política Territorial está en su supuesto papel en la calificada por el juez como organización criminal durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, que adjudicó entonces a la empresa Soluciones de Gestión. Mercantil clave en el caso que mantiene a Ábalos y Koldo en prisión y representada por Aldama el suministro de cinco millones de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros bajo el paraguas de un contrato de emergencia.
En su informe, la UCO incluyó mensajes entre el expresidente de Canarias y el exasesor de José Luis Ábalos, que dejaban entrever la implicación del ahora ministro en los negocios de la empresa de la red. «Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago…ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite. Ya la tiene cargada para liberar el pago». le dijo. Olivera era el responsable del Servicio Canario de Salud y viceconsejero de la Presidencia de Canarias. Se trata de una conversación que después Koldo remitió al comisionista Aldama.
Torres ha defendido siempre que no existió actuación ilícita alguna y dijo en sede parlamentaria que «jamás» había ordenado «que se contratara con una empresa». A su juicio, no había nada «delictivo» en sus conversaciones con Koldo y aseguró que su vínculo con este se reducía a que era el asesor de Transportes, a pesar de que de las conversaciones halladas por los agentes se desprende una posible relación de confianza: «Por favor puedes intentar que acepte esto (…) por dios si lo consigues me dejo violar por ti. Pos data lo último no (sic.)», le escribió, por ejemplo, Koldo a Torres en noviembre del 2020.
Ante el Tribunal Supremo insistió en que su única intervención consistió en «verificar compromisos pendientes de cumplimiento» después de que Koldo García, en calidad de asesor del Ministerio de Transportes, le trasladase, en julio de 2020, sus quejas y preocupación por el incumplimiento de los compromisos por parte del Servicio de Salud canario respecto de la mercantil del «entramado Koldo». «No di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor», declaró.
También aprovechó su testifical dirigida al alto tribunal para defender que la plena legalidad de esta licitación se apoya en que las auditorías internas practicadas –por organismos como la Audiencia de Cuentas de Canarias– evidenció que no existió algún «riesgo» de irregularidad y que se llevó a cabo con todo el “rigor técnico”. En paralelo, la UCO ha ido sosteniendo una secuencia de hechos que añaden credibilidad a los presuntos indicios. Otro atestado de los agentes concluyó que el expresidente canario se reunió con Aldama el 15 de julio de 2020 en un encuentro al que, presumiblemente, acudió también Koldo García para hablar de los pagos a la mercantil de la «trama Mascarillas». Aquella misma noche cenó con Ábalos y, al día siguiente, Aldama le escribió un mensaje: «Soy Víctor de Air Europa, estuvimos un momento por la tarde».
El empresario le comentó también al dirigente socialista que existía una empresa sobre la que habrían hablado, que ofrecía PCR, y le estaba «pidiendo cotización para traerlos a España». «Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos, por si tiene interés en adquirirlos», le trasladó al entonces presidente autonómico, tal y como reflejaba un informe policial. Pero el ministro, uniéndose al «no me consta» habitual de Sánchez, eludió responder sobre si alguna vez mantuvo una reunión con Aldama y tampoco si le contestó a los mensajes, a pesar de que la UCO reveló que el 18 de noviembre de 2020 solicitó a Koldo que le mandase el contacto del comisionista.
Por su parte, Aldama aseguró, ya el pasado noviembre en sede judicial, que Víctor Torres «debería estar bastante preocupado» después de que él mismo afirmase ante el instructor del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, aquella reunión que aparecía en los atestados de los agentes. En aquella comparecencia, el empresario incluso aseguró que el expresidente de Canarias estaba obsesionado con asumir una cartera ministerial y que entendía que los favores que estaría realizando al entramado le allanarían el camino hasta el Consejo de Ministros.
También sostuvo Torres quería que fuera Plus Ultra –y no Air Europa, para la que él trabajaba– la aerolínea que se encargara del transporte del material sanitario al archipiélago canario y esta postura la relacionó en supuestas presiones ejercidas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ahora formalmente investigado por supuestamente haber influido en favor del rescate de esta línea área.
Además, fue implicado por el empresario en el cobro de «mordidas» a cambio de la adjudicación a José «Pepe» Ruz –empresario valenciano investigado en el caso– y su empresa, Levantina, de la reforma del edificio Royal para acoger la sede de la Agencia Tributaria Canaria. Un contrato de siete millones de euros que terminó adjudicándose a la empresa de Ruz en 2022, pese a presentar la oferta económica más baja, gracias a una puntuación máxima en criterios subjetivos. La adjudicación se produjo después de una visita a Canarias de Koldo y del propio Ruz, cuyos motivos según la UCO «se desconocen». El anuncio de licitación ocurrió cuatro días después del viaje.
Hay que recordar que a lo largo de la investigación del «caso Koldo» se reveló, hasta el momento, que Ángel Víctor Torres mantuvo contacto directo a través de WhatsApp con uno de los socios de Víctor de Aldama en las empresas dedicadas a los negocios sanitarios de la trama. El entonces presidente socialista canario le trasladó a Ignacio Díaz Tapia –uno de «los cuatro mosqueteros»–: «Si puedes envíame a este wasap la info del otro día porque he hablado con (Salvador) Illa estos días y parece que hay buena recepción». El mensaje fue enviado el 25 de agosto de 2020, en plena pandemia, y contiene alusiones al que por entonces era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Fue el propio Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el que le mandó a este socio de Aldama el teléfono del que era su consejero de Sanidad en las islas, planteándole, al mismo tiempo, que podrían después «hablar si te parece sobre los avances».
