Según su declaración . su «interés» en el expediente tributario de González Amador nació de una «orden» recibida de su jefe y máximo superior jerárquico.
Como ya hiciera la fiscal provincial de Madrid, Rodríguez, tercera coimputada, la semana pasada ante el juez Hurtado, Villafañe se ha escudado en la «obediencia debida» para los fiscales, en relación a sus ascendentes, como explicación a por qué solicitó a su compañera Rodríguez, en una acción «coordinada» entre ésta y la Fiscalía General, la información protegida de un particular.
A Villafañe se le atribuye «un papel de relevancia», «si se quiere menor», sostiene hasta ahora el instructor, en los pasos previos a la filtración del correo electrónico que el abogado de éste envió el 2 de febrero al fiscal de Madrid que le investigaba, Julián Salto, ofreciéndole un pacto de conformidad, a cambio de reconocer dos delitos fiscales. Si bien Villafañe ha reconocido que participó de la petición formulada por el fiscal general del Estado, que le «llamó» en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se desencadenan los hechos objeto de investigación, el fiscal del «equipo de Fortuny» ha negado, sin embargo, cualquier vinculación con la nota de prensa posterior en la que se contenían detalles de ese y otros ‘emails’.
El fiscal ha asegurado que se enteró del comunicado de la Fiscalía la misma mañana del 14 de marzo, no partición del proceso de confección, ni de la redacción de la misma para desmentir la noticia de El Mundo en la que se afirmaba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido dicho pacto, ni se «concertó con nadie» para algo semejante.
El ‘número dos’ de la Secretaría Técnica ha sido el último de los tres investigados en declarar. García Ortiz y Rodríguez lo hicieron el pasado miércoles y jueves, respectivamente, y ambos negaron haber filtrado el correo, la denuncia y el expediente. Extremo, este último, al que se ha sumado, hoy, Villafañe quien ha sostenido en respuesta al magistrado que «nunca» sospechó que los datos confidenciales hubieran podido salir desde la Institución. Y ello, pese a que, al igual que aseguró la jefe provincial de Madrid, Villafañe ha sostenido que tuvieron acceso, acreditado, a la carpeta compartida que contenía toda la información sobre González Amador, un total de 500 personas.
Al comparecer como imputado, Villafañe podía acogerse a su derecho a no declarar o elegir si contestaba solo a su defensa o a todas las acusaciones. El fiscal general optó por responder solo a su abogado y a la Fiscalía, que no hizo preguntas al considerar que los registros en los despachos del Ministerio Público eran nulos y que participar en el interrogatorio sería darle validez a la investigación, una postura que ha vuelto a mantener hoy la número dos del escalafón, encargada del asunto de su jefe máximo y superior directo, la teniente fiscal del Supremo Sánchez Conde.
A diferencia de García Ortiz, que decidió no contestar al magistrado al considerar que estaba «predeterminado» en la investigación y que ordenó un registro de su despacho, que fue nulo, Villafañe sí ha contestado a las preguntas del juez. Al igual, en este caso, que hizo su compañera Rodríguez.
Tanto el fiscal general como la fiscal jefa provincial de Madrid acudieron al Supremo de la mano de la Abogacía del Estado; Villafañe, por decisión propia, lo ha hecho con un abogado particular, el letrado Cristóbal Martell, conocido por encargarse de la defensa entre otros, del expresidente catalán Jordi Pujol.
El magistrado acordó citar a Villafañe como teniente fiscal de la Técnica y «persona de confianza» de García Ortiz junto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien él mismo pidió el 7 de marzo que le remitiera la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a González Amador. Unos documentos de los que se extrajeron varias noticias sobre el tema, la primera de ellas publicada en eldiario.es, 5 días después.
No en vano, según consta en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados a la causa, la fiscal provincial de Madrid envió a Villafañe el 7 de marzo «todo» lo relativo a las diligencias sobre el novio de Díaz Ayuso.
En el auto de citación, el magistrado apuntó también que Villafañe reclamó a Rodríguez por whatsapp el 8 de marzo que le enviara la documentación que faltaba. En su declaración de la semana pasada, ella aseguró que le había informado en cumplimiento de la «dación de cuentas» que recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). En la misma línea se ha desmarcado, este miércoles, Villafañe, de cualquier responsabilidad en la cadena de toma de decisiones.
La UCO destacó el hecho de que la denuncia contra González Amador se publicara en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial. Y concluyó que la denuncia se habría filtrado a los medios «por parte de la Fiscalía General».
El instructor consideró, por ello, que había una «base indiciaria» suficiente para investigar a Villafañe al entender que junto a García Ortiz, al que los investigadores policiales otorgaron un papel «preeminente» y Rodríguez, «de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no debería haber sido divulgados»
