La ministra, en declaraciones a TVE, ha explicado que se está trabajando ya en el Plan Estatal de Vivienda y que el conjunto de las comunidades autónomas efectúan su política de vivienda con una financiación del Estado del entorno del 70%-75%. «Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley», ha asegurado. La ministra ha afirmado que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa. «Y, por tanto, la propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», ha subrayado.
Rodríguez ha afirmado que el problema de la vivienda «no va de pelearse con el Gobierno» y se ha dirigido expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid,.»Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso».
Rodríguez ha recordado a la Comunidad de Madrid que hay una herramienta, la Ley de Vivienda, que permite dar respuesta a esa situación. «Y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias para que dé respuesta a esa situación. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten al cumplimiento de la ley», ha abundado.
La ministra ha explicado que los planes estatales de vivienda datan del principio de la democracia y han sido un apoyo del Gobierno a las comunidades autónomas que ejercían esa competencia sin amparo competencial del Estado, porque no existía la Ley de Vivienda. «Hoy la tenemos. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda. Y desde luego, yo me voy a empeñar en ello (…) Ahí donde se está produciendo una tensión, que está definida en la ley, que nos da instrumentos para superarla, y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias».
Frente a la postura de comunidades «insumisas» como la de Madrid, Rodríguez ha agradecido a la Generalitat de Cataluña que haya puesto en marcha en su comunidad la Ley de Vivienda para contener los precios. Preguntada por si está funcionando en Cataluña dicha normativa, la ministra se ha mostrado «optimista». «Estamos en periodo de prueba (…) Con estabilidad, con tiempo, la ley va a ir dando solución pero, desde luego, necesitamos de la acción, de la determinación de las administraciones públicas en su extensión (…) porque la Ley nos habla también de adoptar medidas extraordinarias, que lo estamos haciendo con aquellas autonomías que están en disposición».
La titular de Vivienda ha subrayado además que la Ley contempla además la necesidad de contar con permanencia de suelo público. «La realidad hoy es que las comunidades autónomas en su legislación, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, que ha de determinarse en legislación autonómica, no están garantizando esa permanencia y yo les pido a las comunidades autónomas que lo hagan», ha indicado.
En este sentido, ha asegurado que el PSOE, en los parlamentos autonómicos, llevará iniciativas para garantizar que el suelo público cumple siempre una finalidad pública «y que nunca más, como ocurrió de manera más sangrante en la Comunidad de Madrid, el suelo y las viviendas públicas terminan en manos de unos cuantos especuladores y de fondos buitre», ha remarcado.
