La escasez de oferta, el encarecimiento de la compra y el alquiler, y las dificultades de acceso para jóvenes y familias mantienen la presión sobre un mercado que sigue registrando máximos de precios y una reducción de la oferta asequible. Para afrontar esta situación, el Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y destinado a ampliar el parque público, impulsar la rehabilitación y facilitar el acceso a la vivienda. La financiación se repartirá entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%).
Sin embargo, los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran que, al cierre de mayo, el Ministerio de Vivienda solo había reconocido obligaciones por 36,5 millones de euros sobre un presupuesto definitivo de 3.594,8 millones, lo que equivale al 1,01% de ejecución.
La situación es aún más reducida en las partidas vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que disponían de 2.087,8 millones de euros y acumulaban obligaciones reconocidas de apenas 1,43 millones, un 0,07% del total. Por su parte, la Dirección General de Vivienda y Suelo había ejecutado 18,97 millones sobre un presupuesto de 1.368,9 millones.
No obstante, estos datos reflejan únicamente la ejecución contable del Ministerio y no el estado real de las obras o proyectos en marcha. Gran parte de las actuaciones se canalizan a través de comunidades autónomas, Sepes y programas financiados con fondos europeos, cuyos pagos suelen concentrarse en la segunda mitad del ejercicio.
Aun así, las cifras evidencian que, pese a situar la vivienda entre sus prioridades políticas, el Gobierno había ejecutado contablemente apenas el 1% del presupuesto del departamento al inicio del despliegue del nuevo plan estatal. La evolución durante los próximos meses permitirá comprobar si este retraso responde al calendario habitual de estas inversiones o refleja dificultades en su puesta en marcha.
