La vicepresidenta Díaz, quiere presionar al Gobierno para que decida si va a tumbar la extensión de los actuales contratos de alquiler, es decir, que se puedan prorrogar los contratos sin subir el precio, y así proteger a 1,6 millones de personas. Sumar también quiere presentar cuanto antes sus prioridades presupuestarias, como una prestación universal por crianza. Este decreto, presentado en octubre por la formación liderada incluye propuestas «urgentes» para intervenir el mercado de la vivienda, como prorrogar los contratos que acaban en 2026 para que evitar que los arrendatarios suban el precio a los inquilinos, regular el alquiler de temporada o luchar contra la especulación con medidas fiscales.
Aunque la Comisión Delegada de Asuntos Económicos está presidida por el ministro de Economía, Cuerpo, desde Sumar aseguran que la ministra puede proponer este tipo de cuestiones porque, además, es vicepresidenta. Por ello, fuentes consultadas por 20 minutos, la formación liderada por Sumar va a forzar una votación en la que, si el PSOE quiere oponerse a las medidas, tendrá que votar en contra.
Según fuentes del movimiento Sumar hay discrepancias «relevantes» con el PSOE en materia de vivienda, sobre todo en lo relativo a subir los impuestos a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Por eso, han atacado al Ministerio de Economía de tener «posiciones neoliberales».
En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española, Díaz ha advertido de que la Carta Magna se está convirtiendo en «una fábrica de desigualdad» y ha exigido acabar con la «especulación» inmobiliaria que tanto el PP como el PSOE han permitido a lo largo de las legislaturas. Otras fuentes de Sumar han señalado que, aunque los socialistas se resistan al principio, al final acabarán aceptando para luego «sacar pecho de ello» como si hubiera sido una idea suya. También creen que ocurrirá lo mismo con la prestación universal por crianza, que el PSOE acabará aceptando.
La principal medida que Sumar quiere que el Gobierno apruebe es la prórroga de los alquileres que vencen en 2026, unos 300.000 según la formación. Esto es fundamental, según señalan en el real decreto, porque en los últimos cinco años los precios han subido una media de un 30% (en ciudades como Valencia, un 74%, en Barcelona, un 60% o en Madrid, un 44%), según Idealista. Según el borrador del real decreto, la propuesta contempla que los alquileres que venzan en 2026 puedan prorrogarse durante tres años -cinco en zonas tensionadas-. El texto también plantea un tope a los precios de alquiler. Allí donde no haya zonas tensionadas, los contratos nuevos o que se renueven tendrán que fijar «el mismo precio que el contrato anterior».
En cuanto al alquiler de temporada, Sumar también va a exigir que se pueda aplicar un tope de precios y que los arrendatarios tengan las mismas obligaciones legales que un alquiler tradicional. Asimismo, establece un período mínimo de 30 días y en el caso de ser inferior, serán considerados alquileres turísticos.
