La plantilla decidirá mañana, 16 de julio, si acepta o no las condiciones finales, que contemplan una indemnización de entre 45 y 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Esto supone equiparar la oferta de indemnización a la de un despido improcedente, frente a la primera propuesta trasladada por la compañía, que se situaba en los mínimos legales establecidos, es decir, 24 días de salario por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades. Asimismo, en la reunión de la mesa de negociación que ha tenido lugar este lunes también se ha incluido una prima de 3.500 euros para los trabajadores afectados que tuviesen un salario inferior a 40.000 euros (anuales entre la parte fija y variable). Este bono no contabilizará para el límite de 24 mensualidades establecido en la indemnización.
La oferta final también establece un sistema de prejubilaciones para aquellas personas nacidas en 1967 con 10 años de antigüedad, «una salida que Zegona nunca deseó como consecuencia de su alto coste diferido», ha valorado UGT en un comunicado. «Las prejubilaciones se elevan hasta unas rentas iguales al 80% del salario regulador neto y afectarán a un colectivo mayor que en anteriores ERE. El salario regulador se calcula con el 100% del salario fijo bruto más el 50% del salario variable», ha añadido.
Sobre ello, se descontará el pago del convenio especial de la Seguridad Social y las rentas hasta los 63 años para personas de 57 y 58 años, hasta los 64 años para personas de 59 y 60 años y hasta los 65 años para 61 años y mayores.
La última propuesta también contempla un incremento del 1% de la renta y de un 2% para el convenio especial de la Seguridad Social (un 3,2% para quien haya estado tres meses en bases máximas).
A ello se suma una protección frente al despido a las personas con 55 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2024, o más hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, Zegona se compromete a no efectuar ningun otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.
Otros aspectos recogidos en la propuesta definitiva es la no afectación del ERE a los dos miembros de una pareja (matrimonio o pareja de hecho comunicada a la empresa); a personas con una discapacidad reconocida de un 65% o más o con familiares a cargo con una discapacidad reconocida de un 65% o más. Tampoco a mujeres embarazadas que lo hubiesen comunicado a la empresa antes del pasado 13 de mayo, a personas con permiso por maternidad o paternidad y lactancia generados antes de esa fecha o a víctimas de violencia de género antes del ERE, entre otros aspectos. Otros elementos que figuran en la propuesta final es un plan de recolocación con una duración de nueve meses y un seguro de salud de tres meses desde la salida de la plantilla afectada por el despido colectivo.
