La Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez porque considera que practica una “injusticia intrínseca” y realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas”. La Abogacía cuestiona las “interpretaciones forzadas o artificiosas” del magistrado, que sostiene que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Sánchez.
En el citado escrito se recalca que «lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales». En esa línea, se ha incidido en que el juez Peinado lo hace «hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración».
La Abogacía del Estado ha remarcado que «el conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir (porque la declaración debería ser escrita y de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientación de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella».
