En su respuesta, la juez ha advertido que la situación es bien diferente y que, a día de hoy, hay indicios de que el hermano del presidente del Ejecutivo y el resto de imputados en este procedimiento habrían cometido delitos contra la Administración Pública con la puesta en marcha de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que fue a parar al hermano del líder del PSOE.
«Quienes hacen dicha afirmación, u otras similares, parecen no haber sido parte en el presente procedimiento ni haber leído cada uno de los Autos motivados dictados en el mismo; pues si bien es cierto que el procedimiento se inició como consecuencia de una denuncia de Manos la continuación del mismo ha sido motivada por los indicios de criminalidad derivados de la amplia documental que ha sido requerida a la Diputación Provincial y otras Instituciones, de las declaraciones testificales y de investigados practicadas y del análisis de los correos corporativos intervenidos», apunta.
La juez responde de esta forma a varios exaltos cargos de la Diputación de Badajoz que recurrieron una batería de diligencias acordadas relacionadas con el puesto de trabajo que ostentó David Azagra -nombre artístico del músico- hasta su dimisión hace apenas unas semanas. Al respecto, defiende que es necesario seguir recabando documental sobre todo lo relativo a la plaza pública y también al cambio de nomenclatura porque los testigos han desmentido el relato de los investigados.
En concreto, recuerda que dichos testigos han negado que David Sánchez siguieran ejerciendo como coordinador de los conservatorios pese a ser ascendido a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Al contrario, especificaron que dicha coordinación la estaban llevando a cabo dos profesores a quienes se les había disminuido su carga lectiva; de ahí que sea «necesario» conocer el contenido del puesto de jefe de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música, «a fin de determinar las funciones del mismo y su relevancia en cuanto a las premisas mencionada».
Del mismo modo, ha defendido la citación de Francisco Serrano, el sindicalista que se opuso a la creación de esta plaza, y del que fuera secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén. El exdirigente de la formación morada fue de los primeros en advertir de presuntas irregularidades con la creación del puesto de alta dirección y su posterior adjudicación al hermano del líder del PSOE, tal y como desveló un alto cargo de la Diputación ante la juez.
La juez defiende la pertinencia de estas citaciones dado el «conocimiento directo» que ambos testigos tenían de los hechos que investiga. Del mismo modo también ha defendido que se haya solicitado información al Teatro Real de Madrid para averiguar sus vínculos con el hermano de Pedro Sánchez. «Si bien en los últimos interrogatorios se ha afirmado rotundamente que la eliminación de la incompatibilidad no era posible legalmente, se deriva de la investigación ya realizada que el Sr. Sánchez tuvo interés en dicho aspecto y en la memoria (…) se hace referencia expresa a la supresión de dicha incompatibilidad», asevera.
Por todo ello deniega los recursos interpuestos por el jefe de servicio de Administración de Recursos Humanos, Cardenal; por el jefe de sección de gestión administrativa del área de desarrollo rural, González Márquez y por la diputada entonces delegada del área de Cultura, Núñez. Al hilo, la instructora advierte, como ya hiciera en sus respuestas a David Sánchez, de que las diligencias son necesarias y de que «no existe una investigación prospectiva».
