Le acusa de administración desleal de la RFEF, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en el caso Soule
Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar por los amistosos de la Selección que organizó su hijo
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una condena de 15 años y medio de prisión una multa cercana al millón de euros para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, por delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental durante su etapa al frente de la institución.
Se trata de una pieza separada del caso Soule en la que está acusado de haber desplegado entre 2007 y 2017 una serie de maniobras para, por un lado, conseguir que su hijo organizase amistosos de la selección española aunque las condiciones perjudicaban a la RFEF y, por otro, beneficiar a terceros simulando que prestaban servicio a la institución. El perjuicio total a la entidad se estima en más de 4,5 millones de euros.
El escrito, se dirige también contra su hijo Gorka, al que Anticorrupción pide imponer siete años de prisión por administración desleal y corrupción en los negocios. Deberá pagar de manera solidaria con su padre una indemnización a la RFEF superior a 3,6 millones de euros. Anticorrupción acusa asimismo a la empresa de Gorka Villar, para la que se insta una multa de 1,65 millones de euros y a otras cuatro personas físicas entre las que se encuentra Juan Antonio Padrón, vicepresidente económico de la Federación bajo mando de Villar y que se habría prevalido igualmente de su cargo. La Fiscalía reclama para él seis años y medio de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.
Según detalla el escrito, desde al menos 2009, Ángel María Villar decidió, obviando todos los órganos de la RFEF, que su hijo eligiese los equipos rivales de la selección española en partidos amistosos, de modo que fuese su empresa la que determinase contra quién jugaba España, en qué lugar sería el partido y las condiciones económicas.
Así, la absoluta acabó jugando contra las selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia, con un perjuicio para la RFEF de al menos 3,8 millones -cantidad que tendrán que pagar padre e hijo a la Federación en caso de condena- y unos ingresos para Gorka Villar y su sociedad de 366.583 euros, conforme detalla el escrito de la fiscal Concepción Sabadell. En el caso de los partidos contra Corea, se celebraron en junio de 2010 y en mayo de 2012. Anticorrupción subraya que se pactaron contra el criterio de la intermediaria contratada por la RFEF para la organización de este tipo de encuentros y que se había comprometido a pagar a la institución medio millón de euros por cada uno y costear los gastos a cambio de los derechos audiovisuales. En lugar de eso, lo organizó la empresa de Gorka Villar, según la fiscal, haciendo valer que era hijo del presidente. El perjuicio para la federación habría sido de 630.000 euros.
De los encuentros contra Chile, Anticorrupción relata que Villar, «sacrificando uno de los principales activos del patrimonio de la RFEF, aceptó en contraprestación por el partido amistoso el pago de 400.000 euros» abonado por la intermediaria profesional, un pago «notoriamente inferior al de otros partidos celebrados» aquel año, 2013, optando «una vez más por la oferta que convenía a los intereses particulares de su hijo Gorka Villar y que era la menos ventajosa». Habría sido la misma dinámica con la Federación Venezolana de Fútbol, la de Perú y la Colombiana, que además contrató a la empresa de Gorka Villar para servicios de consultoría jurídica deportiva.
En cuanto a las maniobras en beneficio de terceros, el escrito señala que Villar «decidió favorecer económicamente con cargo a fondos de la RFEF» a dos individuos ya fallecidos con quienes «se simuló prestación de servicios» para la institución. También a una empleada a quien se trató de modificar el tipo de relación laboral esquivando la ley, y a Adoración De Pedro, simulando su jubilación para que no perdiera determinados derechos económicos. Está acusada de apropiación y falsedad y la Fiscalía pide para ella dos años y nueve meses de cárcel.
En estos hechos habrían estado involucrados el vicepresidente económico Juan Antonio Padrón, consintiéndolo; así como Pedro Rubio, que era el responsable de Recursos Humanos y José María Castillón, administrador general de la RFEF.
La Fiscalía dice que fueron «conscientes de la inexistencia de prestación efectiva de obra o servicio» por parte los dos fallecidos y abordaron cómo «continuar simulando y abonando ésta conforme a lo interesado por Ángel María Villar». Afrontan seis años y medio de cárcel, como Antonio Doblas, asesor laboral entonces de la RFEF y Jorge Juan Pérez Arias, que fue secretario general hasta 2016.
