La ponencia, elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, sostiene que la aplicación concreta de la ley corresponde a los jueces ordinarios, y no al legislador ni al propio TC.
El documento, de 191 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, avala la ley de amnistía en sus aspectos esenciales y concluye que no implica una injerencia directa del legislador en las funciones del Poder Judicial. Según el borrador, el Parlamento no impone el levantamiento de órdenes de detención ni la anulación de penas, sino que deja la ejecución y aplicación de la norma a los órganos jurisdiccionales correspondientes.
En el caso de Puigdemont, el encargado de aplicar la ley será el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en el Supremo. Por su parte, en el caso de Junqueras, será el tribunal que dictó la sentencia del proceso soberanista, presidido por el magistrado Manuel Marchena.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press indican que, en ambos casos, el Supremo ya ha interpretado que la ley de amnistía podría no aplicarse a los líderes del ‘procés’ por razones jurídicas relacionadas con el delito de malversación. En concreto, el TS consideró que la conducta de los condenados se encuadra en una de las excepciones previstas por la propia norma: haber obtenido un beneficio personal en perjuicio de los intereses financieros de la Unión Europea.
Según el Supremo, el referéndum del 1 de octubre de 2017 se financió con fondos públicos, lo que excluye la posibilidad de aplicar la amnistía a los líderes independentistas en función de esa excepción. Además, argumentó que el intento de secesión de Cataluña pudo haber tenido un impacto negativo en los ingresos comunitarios.
La ponencia del TC no se pronuncia específicamente sobre la malversación. Fuentes del tribunal constitucional explican que esa cuestión no ha sido abordada porque el recurso del PP no lo solicitaba expresamente. Esto significa que será necesario esperar a los eventuales recursos de amparo que presenten los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie de forma directa sobre ese aspecto.A la espera de esos recursos, todo indica que el Tribunal Supremo mantendrá activas las órdenes de detención nacionales contra Puigdemont, así como contra los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. También seguirán vigentes las penas de inhabilitación contra Oriol Junqueras y otros condenados por el ‘procés’, que se extienden hasta el año 2031.
Por otra parte, fuentes jurídicas recuerdan que el Tribunal Supremo ya ha dejado abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta vía podría activarse si el Supremo considera necesario interpretar la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho europeo en el momento en que se analicen los casos concretos.
