En una providencia, el magistrado Puente responde a un escrito presentado por Cerdán este mismo viernes, dándole por personado y permitiendo que acceda al material que obra en la causa a partir del informe de 5 de junio elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se le sitúa como el origen de la presunta trama, «sin perjuicio de que pueda también acceder a las practicadas previamente».
Además, tras haber «tenido conocimiento de que el mismo ha anunciado de manera pública que hará entrega de su acta de diputado», le pide que «ponga de manifiesto si persiste en esa decisión y, si así fuera, que manifieste si lo hará antes o después de la fecha señalada para comparecer ante este tribunal, acreditándolo en forma, si fuera el caso». «Si nada expresa al respecto, se entenderá que dicha renuncia a su condición de diputado no se ha producido», avisa.
Por otro lado, el instructor también tiene por personado a Unión del Pueblo Navarro (UPN), aunque avisa a la formación política de que tendrá que actuar bajo la dirección letrada que ejerce el PP de todas las acusaciones populares que ya constan en el procedimiento penal.
Por último responde a una reciente petición del ex ministro de Transportes Ábalos, reclamando al Supremo que le devuelva dos «memorias digitales extraíbles» que dice que son suyas pero que fueron requisadas en el registro efectuado en febrero de 2024 en casa de su ex asesor Koldo García, que «las tenía en custodia»; y de otras dos que se le intervinieron el pasado martes en el registro de su propia casa en Valencia.
Puente le indica que se las devolverá «tan pronto como sea posible» pero aclara que «no lo es todavía». «Fácilmente se comprende que la ingente cantidad de soportes de almacenamiento masivo y la extraordinaria magnitud de la presente causa especial han impedido hasta el momento la obtención de copias», explica.
A ello, el magistrado añade que los investigadores están dedicando sus «esfuerzos» al «análisis de la ingente cantidad de información intervenida, cuya urgencia a nadie escapa».
También recrimina a Ábalos que no aprecia «el grave perjuicio» que invoca para recuperarlos porque solo argumenta que entre «la muchísima información digital disponible» hay «determinados álbumes fotográficos familiares». A juicio del instructor, ello no justifica «emplear el tiempo indispensable para esta investigación, en su localización y entrega».
