Así lo hace en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del despacho, que reclama al juez Rubén Rus «el impulso, de oficio, del procedimiento, dictando al efecto las resoluciones que procedan». Pide concretamente que traslade «sin más demora» a la Audiencia Provincial de Tarragona el recurso que presentó el pasado julio, en el que ya criticaba que la investigación era «desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico», por lo que pedía la nulidad del caso.
Equipo Económico se queja, en su nuevo escrito, de que no le consta ninguna novedad, ni que «se haya remitido siquiera a la Audiencia Provincial para su resolución», cuando han pasado «más de dos meses y medio». Y señala que «lo mismo cabe decir» de otros escritos presentados durante los últimos meses en los que solicitaba el expurgo de datos personales ajenos a la causa o la unificación de las acusaciones populares, petición esta última que también hizo la Fiscalía. «Tras una instrucción de más de siete años tramitada bajo secreto y sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa, vemos ahora cómo la resolución del recurso de apelación presentado contra los actos iniciales y el resto de solicitudes de ordenación del proceso cursadas por esta parte, acumulan, a su vez, una demora injustificada por falta del impulso procesal», reprocha al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona.
El despacho sostiene que «no cabe aquí hablar de dificultad o complejidad de la causa», una «letanía habitual» con la que «el instructor ha pretendido justificar la anomalía procesal de mantener un secreto de sumario durante siete años».
A sus ojos, se trata de un «retraso» que es «únicamente imputable a la incuria y falta de diligencia del Juzgado, prolongando la situación de indefensión causada por las dilaciones indebidas sufridas, escalofriantes», que es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, concluye. Fuentes de la defensa de Equipo Económico han indicado a Europa Press que son «los primeros interesados en que el proceso judicial sea lo más ágil posible para esclarecer definitivamente este asunto porque después de siete años de investigación en secreto no hay, porque no puede haberlo, un solo elemento probatorio y queremos que el caso se resuelva cuanto antes». A través de varios escritos desde que se levantó el pasado julio el secreto de sumario, el despacho también ha defendido la «legalidad» de sus trabajos y ha solicitado que la investigación sea traspasada a los juzgados de Madrid, al entender que «en el hipotético caso de que fueran constitutivos de delito», se habrían ideado y cometido en la capital.
La investigación, iniciada en 2018, ha llevado a la imputación de más de una treintena de personas, el exministro ‘popular’ y el despacho que fundó incluidos, por supuestas irregularidades en reformas fiscales de las que se aprovecharon sobre todo empresas gasísticas.
El juez acordó prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a «todos los investigados» e indicó que si no lo ampliaba, estaría «impidiendo» a los imputados solicitar diligencias.
