El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso y recogida por Servimedia, donde Vox había preguntado por la reunión que Leyre Díez y el empresario Javier Pérez Dolset mantuvieron con el fiscal Ignacio Stampa. Según la grabación de este encuentro que el fiscal ha aportado ante el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Díez ofreció a Stampa recuperar un puesto en la Fiscalía del que fue apartado a cambio de información contra el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Por este motivo, Vox preguntaba “qué conocimiento tiene el Gobierno sobre las actuaciones descritas en la denuncia del fiscal Ignacio Stampa” y si “se ha reunido el presidente del Gobierno o algún miembro del Gobierno con Leire Díez”.Asimismo, los de Santiago Abascal querían saber si el Gobierno o la Fiscalía han recibido información de Leire Díez “aunque sea de forma indirecta”.
A este respecto, en la contestación de La Moncloa se indica que “el Gobierno no hace valoraciones sobre presuntas actividades realizadas por particulares cuya actividad es ajena a la acción de gobierno”. Se añade que “el Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional y, por tanto, su capacidad de auto organización y funcionamiento interno, sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado”.
Asimismo, el Gabinete de Sánchez apunta que “plenamente la independencia judicial constitucionalmente garantizada y la separación de poderes de nuestro sistema democrático”. Esto incluye “los procedimientos judiciales en curso, así como la independencia de los órganos judiciales, integrados por jueces, juezas, magistrados y magistradas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
