El presidente va en contra del criterio de la instructora y defiende que la campaña no está protegida por la libertad de expresión, dado que constituye una «denigración» de su persona a través de «insultos y falsedades». Su abogada particular ve «obvio» que se dañó de manera grave su imagen con el cartel en el marco de una campaña de «desprestigio y deshumanización». El jefe del Ejecutivo no quiere que la acción de Hazte Oír quede «impune» y niega, como resolvió la magistrada que dictó el archivo del caso, que se trate de una «crítica política». Para él «nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente» y lo extiende a la propia «institución del Estado» que representa.
Con el fin de pedir la revocación del sobreseimiento de las actuaciones que ordenó este pasado viernes la magistrada María Dolores Baeza, el líder del PSOE invoca, incluso, que la lona que le relaciona con la corrupción «deteriora seriamente el Estado de Derecho».
Quiere, en definitiva, que la investigación judicial siga adelante para que «valorar si el límite de la crítica política habría resultado sobrepasado», en este caso, vulnerado así su derecho al honor. Se respalda, asimismo, en que -según él- la jurisprudencia contempla una protección penal reforzada del honor y la integridad institucional de los titulares de órganos constitucionales, tales como el presidente y el propio Gobierno, en los tipos agravados de los delitos de injurias y amenazas.
