En el escrito, las seis víctimas, representadas por el abogado Gisbert, piden «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación».
También solicitan que se «investigue la posible comisión de delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público».
Según el relato de los hechos, la juez instructora «actuó bajo las indicaciones de una tercera persona en la práctica de diligencias» que «meses más tarde se supo que se trataba de don Jorge Martínez Ribera, juez en otro juzgado de otro partido judicial, casado con la juez instructora, doña Nuria Ruiz Tobarra».
Ya el pasado martes una acusación se querelló contra la juez de la DANA y su marido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los mismos seis delitos mencionados, coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delito por una autoridad o funcionario publico.
Las víctimas llegaron a comentar en un grupo de mensajería en la aplicación WhatsApp cómo el marido de la juez participaba en la toma de declaraciones a los afectados. «Nos atendió él realmente», afirma la primera de las víctimas del chat, como desveló OKDIARIO. La mujer, que perdió a un familiar en la tragedia, explica que la magistrada estaba «hasta arriba de trabajo» y que por eso fue atendida por el marido de la juez.
