En lugar de abordar las raíces del odio y la polarización en las redes sociales, el Gobierno opta por una solución superficial, que se centra en el rastreo y la exposición pública, pero no en la prevención ni en la educación. Este enfoque, lejos de proteger realmente a los menores o de fomentar una convivencia más sana, alimenta la persecución de responsables y la criminalización de plataformas digitales, sin atacar el problema desde su base.
Lejos de ejercer un liderazgo sereno y plural, Sánchez demuestra una inquietante obsesión por acaparar el control del espacio público y digital, mostrando poca disposición para gobernar en diálogo con el poder legislativo y judicial. Su tendencia a legislar por decreto y a intervenir en la agenda judicial revela no solo falta de respeto por la separación de poderes, sino también una peligrosa deriva hacia el hiperpresidencialismo. La gestión del odio en redes se convierte así en otro capítulo de su afán regulador, donde el Ejecutivo marca el ritmo y los demás poderes quedan relegados a un papel secundario, socavando el equilibrio institucional esencial en cualquier democracia robusta.
La iniciativa, presentada en el Foro contra el Odio en Madrid, parece más una estrategia de comunicación destinada a generar titulares que una propuesta estructural para el cambio social. Aunque se habla de transparencia y rigor académico, la exposición pública de resultados puede convertirse en una herramienta de señalamiento, generando más tensión y enfrentamiento que soluciones reales. Además, la tendencia a exponer públicamente quién «frena», quién «mira hacia otro lado» y quién «hace negocio» con el odio plantea serias dudas sobre la objetividad del proceso y el riesgo de manipulación de datos para favorecer intereses políticos.
El Gobierno, lejos de apostar por la construcción de una cultura digital basada en el respeto y el pensamiento crítico, recurre a medidas restrictivas como la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años y la penalización de la «amplificación algorítmica». Si bien estas acciones pueden tener cierto impacto, el riesgo de que sean meramente simbólicas o incluso contraproducentes es elevado. La educación digital, el acompañamiento a las familias y la implicación de la sociedad civil en el debate quedan relegadas a un segundo plano, cuando deberían ser el centro de cualquier estrategia de protección y convivencia en el entorno digital.
La obsesión de Sánchez por dominar todos los ámbitos de la vida pública y digital, más que solucionar los males que denuncia, termina por generar un clima de desconfianza y confrontación. El presidente parece más interesado en proyectar una imagen de firmeza que en garantizar un gobierno colaborativo y respetuoso con el Estado de derecho. Su constante intervención en temas legislativos y judiciales, lejos de reforzar la democracia, la debilita, alimentando la polarización que dice querer combatir.
Resulta preocupante la retórica empleada por Sánchez, quien llega a calificar las redes sociales como un «Estado fallido» y acusa a los «tecnoligarcas» de imponer su agenda y lucrarse con el odio. Este discurso, además de simplificar la problemática, puede contribuir a una demonización generalizada del mundo digital, dificultando la colaboración entre plataformas, usuarios y autoridades para hallar soluciones efectivas. Los datos alarmistas y los ejemplos de agresiones, como el caso de Torrepacheco, se utilizan para justificar políticas de control y vigilancia, cuando el debate público requiere de análisis sereno y plural.
Por último, el intento de legislar y regular el espacio digital sin contar con la participación activa de la ciudadanía ni con una mirada realmente inclusiva y pedagógica, amenaza con poner en riesgo derechos fundamentales y perpetuar la falta de confianza en las instituciones. Si el Gobierno desea combatir el odio en las redes, debe apostar por la educación, el diálogo abierto y la corresponsabilidad, en vez de recurrir a herramientas de control que, lejos de erradicar el problema, pueden agravarlo o desplazarlo a otros ámbitos.
