Pero conviene recordar algo que, quizá porque resulta menos visible, corre el riesgo de quedar fuera del debate: la cadena alimentaria no termina en las explotaciones.
Entre el campo y la mesa existe una industria que transforma, conserva y distribuye los alimentos. Una industria que no tiene tractores para hacer visible su situación en las carreteras, pero que tiene muchas razones para reclamar que sus problemas también sean escuchados.
La industria cárnica es un buen ejemplo. La subida simultánea de la electricidad, el gas natural y los combustibles está presionando algunos de sus principales costes de producción. Y no hablamos de consumos accesorios. Hablamos de energía imprescindible para mantener líneas de producción, instalaciones frigoríficas, procesos térmicos, transporte y logística.
Los datos permiten dimensionar el problema. Durante los primeros veinte días de septiembre, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en 141,03 euros/MWh, frente a los 59,65 euros/MWh del mismo periodo de 2025: más de un 136% de incremento.
Hay otro dato especialmente revelador. Durante este mes, la electricidad en las denominadas horas supersolares, entre las 11:00 y las 18:00 horas, ha rondado los 39 euros/MWh, mientras que fuera de las horas solares alcanza los 201,55 euros/MWh.
Para muchas industrias esa diferencia puede traducirse en decisiones sobre cuándo producir. Para una empresa alimentaria las posibilidades son mucho menores. Las cámaras frigoríficas no entienden de mercados eléctricos ni de franjas horarias. El sol se pone, pero las cámaras no se apagan. La cadena de frío debe mantenerse las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.
Por eso, las medidas que el Gobierno de España ha anunciado para hacer frente al incremento de los costes energéticos deberían contemplar al conjunto de la cadena alimentaria. Atender al sector primario es necesario, pero detener ahí la respuesta sería incompleto. Si agricultores y ganaderos necesitan energía para producir alimentos, la industria la necesita para transformarlos, conservarlos y hacerlos llegar al consumidor.
Tenemos, además, un precedente demasiado reciente como para olvidarlo.
Tras el estallido de la guerra de Ucrania y la crisis energética de 2022, el Gobierno movilizó 300 millones de euros para compensar el encarecimiento de los fertilizantes y 240 millones para paliar la subida del gasóleo agrícola. Fueron medidas necesarias para ayudar al sector primario a afrontar una situación excepcional.
Mientras tanto, la industria cárnica atravesaba la misma tormenta desde otro punto de la cadena. En 2022, desde ANICE estimamos que el sector llegaría a pagar un 344% más por la energía que en 2019, elevando su factura hasta cerca de 1.500 millones de euros.
Y la energía fue solo una parte del problema. Durante aquellos años, las industrias compraron además su principal materia prima, la carne, a precios históricos. Es decir, soportaron simultáneamente una factura energética extraordinaria y unos costes de aprovisionamiento sin precedentes, sin disponer después de mecanismos equivalentes de compensación.
Recordarlo no significa cuestionar las ayudas recibidas por agricultores y ganaderos ni los precios percibidos por el sector productor. El problema no fue que se protegiera al campo. El problema fue que no fuimos capaces de mirar la cadena alimentaria en su conjunto.
Y esa experiencia debería servirnos ahora.
En menos de cinco años, nuestra industria afronta su segunda gran crisis energética. La primera podía interpretarse como excepcional. La segunda obliga a preguntarnos si no estamos ya ante una vulnerabilidad estructural. Y si el problema empieza a ser estructural, también deben empezar a serlo las respuestas.
Necesitamos medidas inmediatas que permitan amortiguar unos costes extraordinarios, pero también una política energética de largo recorrido para la industria alimentaria: autoconsumo, almacenamiento, eficiencia, cogeneración y mecanismos que reduzcan nuestra exposición a futuras crisis.
Y necesitamos abordar otra cuestión con mayor ambición: cuando una crisis externa golpea al conjunto de la cadena alimentaria, debemos ser capaces de socializar los daños y mutualizar determinados costes extraordinarios.
No se trata de convertir cualquier incremento de costes en una reclamación de ayudas públicas ni de trasladar al Estado los riesgos propios de la actividad empresarial. Una cosa son esos riesgos y otra muy distinta perturbaciones excepcionales, externas y de dimensión sistémica que comprometen actividades esenciales para el abastecimiento alimentario.
Las crisis no entienden de eslabones. El coste puede comenzar en uno, pero acaba recorriendo toda la cadena. Por eso necesitamos mecanismos que permitan compartir determinados riesgos extraordinarios y evitar que cada eslabón tenga que afrontarlos aisladamente.
Durante años hemos hablado de la energía fundamentalmente como un coste. Hoy debemos considerarla también como un factor estratégico de competitividad y autonomía productiva. Porque detrás de esta discusión no está únicamente la cuenta de resultados de las empresas. Está nuestra capacidad para producir alimentos, mantener actividad industrial y empleo en el territorio y competir en los mercados internacionales.
En un mundo cada vez más incierto, disponer de una industria alimentaria sólida es también una cuestión de seguridad económica y alimentaria. Y esta nueva crisis debería dejarnos una enseñanza: la sostenibilidad energética de nuestra industria ya no es solamente una cuestión ambiental. Es una condición de competitividad.
Quizá no tengamos tractores para hacer visible nuestra situación en las carreteras, pero formamos parte de la misma cadena y también pagamos sus crisis. Una cadena verdaderamente resiliente será aquella que aprenda también a compartir sus riesgos extraordinarios.
