En efecto, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el nuevo marco de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial que excluye a los jueces de la ley general aplicable a los trabajadores y que remite la regulación para los 5.000 jueces que hay en España a un reglamento del órgano de gobierno de los jueces. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de los vocales elegidos a propuesta del PSOE y del PP y con la oposición de sus dos colegas elegidos a propuesta de Sumar.
Herreros ha presentado un voto particular al que se ha sumado Carlos Hugo Preciado en el que, según fuentes del Consejo, Herreros denuncia que se utiliza como «excusa» la independencia judicial para desproteger a los jueces y que el nuevo órgano de gobierno de los jueces rompe con la línea de trabajo que han mantenido todos sus predecesores.
Preciado había presentado una propuesta alternativa que no ha salido adelante. Fuentes de su entorno sostienen que esta decisión supone «un retroceso de dos décadas que colisiona con la doctrina de la sala de lo social del Tribunal Supremo».
