El Fondo Monetario Internacional, en su informe «World Economic Outlook» publicado el 23 de marzo de 2026, advirtió que la falta de oferta sigue tensionando fuertemente el mercado inmobiliario español y amenaza con mantener los precios de alquiler y compraventa al alza. De manera similar, la Comisión Europea, en su informe «European Economic Forecast» del 21 de marzo de 2026, destacó que España enfrenta un déficit de viviendas asequibles que limita el acceso a la propiedad y contribuye al aumento de la precariedad social.
La raíz de la crisis de la vivienda en España se encuentra en esta insuficiencia estructural de oferta. La cantidad de viviendas nuevas construidas cada año no cubre ni de lejos la formación de nuevos hogares, y la disponibilidad de inmuebles asequibles en zonas urbanas tensionadas es especialmente limitada. Esto provoca que, aunque la demanda se mantenga estable o incluso moderada, los precios sigan aumentando, tanto en alquiler como en compraventa. En una entrevista concedida a este medio, Juan Navarrete, subdirector del think tank económico, Instituto Juan de Mariana (IJM), subraya que «el Estado es el primer y principal especulador de vivienda en España». Según el instituto, la burocracia, las trabas regulatorias y la lentitud en la urbanización impiden que el mercado genere suficiente oferta, lo que obliga a los precios a seguir subiendo para equilibrar la escasez de inmuebles disponibles.
Según BBVA Research (2025), la construcción de vivienda nueva cubre solo la mitad de los hogares que se crean cada año, lo que genera un déficit estructural de cientos de miles de viviendas. Incluso con salarios estables y tipos de interés moderados, la falta de oferta mantiene la presión sobre los precios de alquiler y compra. Volviendo al informe de la OCDE «Economic Surveys: Spain 2025», la demanda de vivienda en España ha crecido mucho más rápido que la oferta disponible, generando un déficit estructural que presiona al alza los precios tanto de alquiler como de compraventa. Entre 2022 y 2024 se emitieron aproximadamente 345.000 permisos de construcción, mientras que en ese mismo período se formaron 604.000 nuevos hogares, dejando un desajuste de alrededor de 600.000 viviendas necesarias para cubrir la demanda, de acuerdo con el Banco de España. Esta escasez se ve agravada por la limitada oferta de vivienda social, que representa solo un 3% del parque total, y por la concentración de las viviendas existentes en zonas con menor presión demográfica, mientras que las áreas urbanas más demandadas sufren una falta crónica de stock.
De hecho, las compraventas de viviendas cayeron un 11,4 % en el primer mes del año en términos interanuales, según el último informe del Consejo General del Notariado. Este dato se suma al publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que señala que las operaciones de compraventa de inmuebles disminuyeron un 5 % en enero respecto al año anterior, hasta situarse en 57.489, lo que supone el mayor descenso desde junio de 2024.
No obstante, la estadística notarial también refleja un incremento del 9 % interanual en el precio del metro cuadrado, que alcanzó los 2.065 euros. Este aumento se registró en trece comunidades autónomas, aunque se observaron caídas significativas en La Rioja (27,5 %) y Castilla-La Mancha (23,3 %), así como descensos más moderados en Navarra (-4 %) y Extremadura (-3,7 %).
La vivienda es ya la principal preocupación de los españoles. De acuerdo con el Barómetro del CIS publicado en enero de 2026, el 42,6% de los españoles consideraban este asunto su principal preocupación, frente a aspectos como el trabajo, la corrupción o la inmigración, que siempre han puntuado enormemente alto en estos estudios. De hecho, este aumento de la preocupación por la vivienda viene aupado por varios sucesos cada vez más comunes que han dificultado enormemente a las personas el poder acceder de forma normal a una casa, sobre todo alrededor del alquiler.
Así, la vivienda se ha convertido en un elemento que, de media, de acuerdo con los datos revelados por la OCDE, los españoles destinan entre el 30 y el 45% de su salario a pagar el alquiler. Esto, como es obvio, al tratarse de una media, es el mejor de los casos. De la misma manera, en ciudades grandes como Madrid o Barcelona este porcentaje se dispara a más del 50% en contexto general.
Ahora bien, más allá de estos datos, resulta enormemente más interesante el introducirse en los efectos concretos que estos números generan en la población. Así, el informe «La vivienda: cimiento de desigualdades» publicado por la ONG Oxfam el 18 de marzo de 2026, revela una realidad preocupante. De acuerdo con los datos aportados, el 61% de las personas que viven en régimen de alquiler no son capaces de ahorrar, teniendo muchas veces que endeudarse para continuar con sus proyectos de vida. No obstante, lo más grave es que este fenómeno no afecta únicamente a las personas con rentas más bajas, sino que miembros de la llamada «clase media-alta» se encuentran en un fenómeno similar. 1 de cada 4 personas consultadas por la ONG, perteneciente a la clase media, afirmaba que ante una eventualidad no sería capaz de continuar con el pago de su vivienda.
Otro aspecto interesante es la perspectiva de compra de una vivienda que, de nuevo, afecta a todos los grupos por igual. De acuerdo con los datos del informe, tan solo el 14% de las personas sin vivienda en propiedad considera que será capaz de adquirir una en el futuro. Esa cifra mejora ligeramente en cuanto a las rentas altas, hasta en 19%, pero, en general, debido al escaso margen de ahorro y los precios crecientes causados por la falta de oferta, la perspectiva se muestra negativa incluso para aquellos con mejores situaciones económicas.
La crisis de la vivienda contribuye a aumentar también la precariedad social. Según Oxfam, la pobreza entre inquilinos ha aumentado hasta el 32,6% en 2025, y el riesgo de exclusión social se sitúa en torno al 43,6%. Esto, lógicamente, ocurre principalmente entre las clases medias y bajas. Además, cerca de la mitad de la población afirma verse afectada directamente por la crisis de la vivienda, aquí sin especiales diferencias en función del nivel de renta.
Pese a todo, existe un particular fenómeno que destaca en especial del informe de Oxfam, las llamadas «mudanzas económicas». Estas, grosso modo, consisten en que una persona, pareja o unidad familiar tienen que abandonar la casa en la que vivían para desplazarse a otra con un precio menor. Si bien afecta también a casos de hipoteca, es más habitual cuando existe régimen de alquiler y es un fenómeno, en general, propio de personas que trabajan.
El informe denomina a este suceso como «desahucio invisible» y establece que a diferencia de los desahucios judiciales, estas mudanzas no siempre aparecen en las estadísticas oficiales, pero afectan de manera significativa a la población. Según Oxfam, uno de cada tres inquilinos en España se ha visto obligado a mudarse por motivos económicos, el pasado año, debido principalmente a subidas de alquiler o finalización de contratos que no continuaban o presentaban un aumento destacado en su precio. Naturalmente, este fenómeno ocurre sobre todo en grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Sevilla. En la capital hasta el 42% de los inquilinos ha tenido que cambiar de vivienda en el último año por incapacidad de asumir el alquiler y las subidas derivadas.
Si nos paramos a observar entre qué grupos se notan más los efectos de esta crisis de oferta de vivienda, el resultado es bastante claro: los jóvenes. Y es que, de acuerdo con los datos presentados en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) a finales de 2025, las condiciones económicas de las personas entre 25 y 35 años se han visto especialmente golpeadas en los últimos años debido a la situación de la vivienda. Esta situación ha tenido un impacto directo en la emancipación de la juventud. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años vive de manera independiente, lo que supone un retroceso histórico desde 2006, cuando comenzaron a realizarse estos estudios.
De acuerdo con los datos, cerca del 92% del salario de los jóvenes es destinado a pagar la vivienda, de acuerdo con el reporte del Consejo de la Juventud de España del pasado agosto de 2025. En caso de compartir piso, la cifra se reduce sensiblemente, aunque no suele bajar del 40% salvo en localidades pequeñas o en mercados particularmente poco demandados. El acceso a la propiedad tampoco presenta un escenario favorable para las personas jóvenes en España. El precio medio de compraventa de una vivienda, que alcanza los 197.210 euros, equivale a 14 años del salario promedio, mientras que la entrada necesaria para adquirirla, 59.163 euros, representa cuatro años completos de sueldo. Esta barrera económica, sumada a la precariedad laboral, retrasa la independencia residencial y prolonga la permanencia de los jóvenes en el hogar familiar. Aunque el mercado laboral muestra ciertos signos de mejora, como la reducción de la tasa de paro juvenil al 19,1%, el valor más bajo desde 2007, la precariedad sigue siendo significativa. Entre las personas menores de 25 años, el desempleo se mantiene en el 24,9%, y un 35,5% de quienes trabajan combinan su empleo con estudios, especialmente las mujeres (40,5%). Además, el 36,2% de la juventud ocupada está sobrecalificada para su puesto, lo que refleja la persistencia de empleos precarios y mal remunerados, lo que complica aún más la situación.
