De hecho, el primero de los testigos –citado por videoconferencia– en la sesión de este martes, Víctor Francos Díaz, ex jefe de gabinete del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, a partir del mes de septiembre de 2020, ha asegurado en sede judicial que habló con muchísimos posibles proveedores que se ofrecieron para proporcionar elementos de protección, en un momento en que había deficiencias para acceder a ellos. Pese a los ingentes esfuerzos de las defensas de Koldo, con quien ha reconocido que mantuvo tres encuentros, uno de ellos por indicación del propio Illa; y, Ábalos con el que aseguró haber coincidido una única vez, con ocasión de una cena, de «bastante más gente», el declarante negó, en todo momento, haber tenido ningún tipo de función relativa a la contratación de las unidades que, en su Departamento, estaban «centralizadas» a través de la plataforma del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
A preguntas de la acusación popular, liderada por el abogado Alberto Durán, Francos confirmó que la primera visita de Koldo llegó a materializarse en su despacho y pese a que fue muy breve, sí dio pie a que Koldo le ofreciese el contacto de una «empresa» que tenía muy buen material sanitario para su adquisición. En aquella ocasión, Koldo llevaba consigo un dossier con documentación que no llegó a entregar a su interlocutor.
La misma operativa se repetiría dos veces más: la segunda, a través de Whatsapp, de nuevo sin resultado por las razones ya ofrecidas en el precedente. Y, con posterioridad, el 27 de enero de 2021, un día después de la salida del ex alto cargo de Sanidad, para comentar la propuesta de un software de distribución de productos farmacéuticos que «nada tuvo que ver» con lo anterior.
Las preguntas formuladas sobre el contenido de dichas reuniones por el abogado del PP, al testigo citado por la letrada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo, ha provocado una enérgica protesta por parte de ésta, al considerar que las mismas excedían los márgenes previstos en la ley.
El presidente de la constructora sevillana Azvi, Manuel Contreras García, quien ha declarado en segunda posición, pese a estar citado a última hora de la sesión de hoy, ha provocado por primera vez una enérgica reacción del tercer acusado en la causa, el empresario Víctor de Aldama.
Hasta tal punto de que el comisionista confeso se ha levantado para dar instrucciones a su abogado, el penalista Carlos Choclán, sobre las manifestaciones vertidas por el testigo a quien Aldama señaló por beneficiarse de licitaciones amañadas de obra pública, a cambio de un pago de 18.000 euros, que el mismo Contreras ha reconocido que hizo pero no con tal motivo. De hecho, el constructor ha dicho que pagó ese importe a la empresa Pilot Real Estate para el Club Natación de Sevilla, que Aldama había comprado en 2016 y cuya reforma habían explorado como una posible vía de negocio, respondía a su interés por adquirir una de las acciones de la entidad deportiva que, finalmente recuperó, previa solicitud de reintegro, tras fracasar el proyecto.
Pese a que Aldama indicó, en su ánimo de cooperación con la Justicia, que Azvi accedió a varios contratos públicos, antes de su publicación oficial en el mercado, gracias a la intervención de Koldo -a quien Contreras incorporó al equipo tras su salida de Transportes, por su comprobada experiencia y contactos en la materia, en localizaciones de posible negocio en Latinoamérica-, el dueño de la empresa lo ha negado. Si bien ha aclarado que dicha colaboración profesional, a razón de 6.000 euros al mes, se formalizó a través de la empresa Ericapat, cuya administradora autorizada para la firma era, a su vez, la ex mujer de Koldo, Patricia Úriz. Tres meses después del arranque, la reclamación de una deuda con Hacienda provocó que, por «razones de compliance», se diese por terminada la relación de trabajo.
Como, también, ha descartado que se hubiese reunido con José Luis Ábalos, en la sede del Ministerio, acompañado por Aldama, «hasta en cuatro ocasiones», en respuesta a las cuestiones planteadas en la Sala, de forma insistente, por la defensa del comisionista. Unas afirmaciones que han provocado un visible malestar en este último.
