La norma, que ahora iniciará una tramitación parlamentaria que se antoja larga, plantea entre otros cambios acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas, así como derogar varios preceptos de la ley de vivienda de 2023.
La Cámara Baja debatía la admisión a trámite de la norma, para la que los votos de Junts han sido clave. Los posconvergentes, que se abstuvieron en la iniciativa que también llevó el PP al Senado, han criticado la inexistencia de «una política de vivienda que funcione» y ha arremetido contra «la visión excesivamente ideologizada» con la que el Gobierno de Sánchez aborda el problema habitacional. Una visión, dice, «impulsada por el sectarismo de Sumar», que estos días negocia con los grupos parlamentarios la convalidación del decreto de alquileres que se vota el próximo martes.
«Está arrastrando al conjunto del Ejecutivo hacia un modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular. Y lo más preocupante es la respuesta ante los nefastos resultados que estamos presenciando. Cuando los datos indican menos oferta, más tensión de precios y más dificultades de acceso, los socialistas no rectifican, sino que persisten», ha señalado la diputada de Junts Marta Madrenas.
La norma tomada en consideración mantiene algunos aspectos en común con la que hace un año presentaron el PSOE y el PNV y no apoyó el PP, como la eliminación de la nulidad en cascada de un proyecto urbanístico por defectos considerados subsanables.
«La situación de la vivienda no puede esperar más. Lo que ha hecho el Gobierno es utilizarla para enfrentar a los españoles: propietarios contra arrendatarios, alquileres contra los que compran. El resultado es una generación que solo puede heredar alquileres imposibles y expectativas pequeñas», ha espetado Guzmán.
El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de tener «un modelo de especulación en detrimento de lo público, para repartir entre sus familiares las viviendas de protección oficial». «Construir más con menos control. ¿Les suena? Es el modelo de la ley del suelo del 1998 de [José María] Aznar. Ya saben qué ocurrió: una burbuja inmobiliaria y el rescate a la banca», ha criticado la diputada socialista Isabel Pérez.
El umbral económico para determinar la vulnerabilidad
Entre otros asuntos, la proposición del PP —cuya tramitación, vista los precedentes, es difícil que finalice esta legislatura ante una Mesa del Congreso con mayoría progresista y encargada de prorrogar los plazos de enmiendas— también contempla la rebaja del umbral económico para determinar la vulnerabilidad de las familias, que pasa de tres veces a 1,5 veces el Iprem mensual (cifrado en 600 euros).
Este punto ha sido ampliamente criticado por la Cámara, incluido el PNV. «Son magos si creen que con 1.000 euros una familia puede acceder a una vivienda, vestirse y pagar la calefacción», ha lanzado Vaquero. Pero sobre todo, esta última medida, junto a que los bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas, ha sido muy censurada por los grupos progresistas.
El diputado de Sumar, Ibáñez ha señalado que con esta ley el PP «declara la guerra a la mayoría social» y ha calificado la rebaja del umbral económico de «salvaje» y «cruel». Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha defendido que con su iniciativa los populares plantean «que la gente tenga que elegir entre tener techo y comer piedras, o comer y vivir en la puñetera calle». Estrems, diputada de ERC, ha afirmado que la formación de Alberto Núñez Feijóo «vuelve a proponer construir más, acelerar procesos urbanísticos y reducir regulaciones, la misma lógica que nos llevó a la crisis de 2008». También el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha expresado que esta es una ley hecha «al dictado de los fondos buitres», aunque ha centrado parte de su intervención en cargar contra la política de vivienda del Gobierno tras aprobarse este martes en el Consejo de ministros el Plan Estatal.
El texto de los populares admitido a trámite no solo pretende reformar la ley del suelo para dar mayor «seguridad jurídica» a los desarrollos urbanísticos sino también derogar los aspectos «más lesivos» de la ley de vivienda, como la declaración de zonas tensionadas. Además, también plantea implantar un silencio administrativo positivo para evitar la paralización de los proyectos urbanísticos si a los tres meses no se ha resuelto la concesión de licencias o la emisión de informes.
Por otro lado, también elimina en la Ley del Suelo de 2015 la referencia a los procedimientos de evaluación ambiental, al considerarse «redundante» respecto a la normativa específica en materia de medio ambiente recogida en la Ley de 2013 de Evaluación Ambiental y en la de 2006 sobre acceso a la justicia en asuntos medioambientales.
