En un momento de máximo dolor, cuando el Estado debía estar representado en su nivel más alto, el Gobierno optó por no estar, enviando a los agentes un mensaje tan claro como demoledor: están solos.
No hay excusas que valgan. Cuando mueren servidores públicos protegiendo la ley frente al narcotráfico, la presencia del ministro del Interior no es opcional, es una obligación moral y política. Su ausencia no solo profundiza el duelo, sino que confirma lo que las asociaciones profesionales llevan años denunciando: una desconexión total del Gobierno con la realidad que viven los guardias civiles sobre el terreno. No acudir al funeral equivale a mirar hacia otro lado ante una tragedia que interroga directamente la política de seguridad del Ejecutivo.
Más grave aún fue dejar sola a Montero, convertida en parapeto humano frente a la indignación de compañeros, familiares y ciudadanos. Los abucheos no iban dirigidos únicamente a una persona, sino a un Gobierno que ni da la cara ni asume responsabilidades. Utilizar a una dirigente como única representación institucional mientras los máximos responsables se esconden detrás de despachos y ruedas de prensa es una muestra de cobardía política.
Las denuncias de Jucil no pueden seguir despachándose como ruido corporativo. Cuando hablan de “abandono”, hablan de falta de medios, de retrasos intolerables en el reconocimiento de la profesión de riesgo y de una lucha desigual contra organizaciones criminales cada vez más violentas. Cada muerte en estas circunstancias no es una fatalidad inevitable, sino el resultado de decisiones políticas —o de su ausencia—.
El Gobierno insiste en balances, estadísticas e inversiones, pero la realidad es que los hechos desmienten las palabras. Y en Interior, los gestos cuentan tanto como los presupuestos. No estar en el funeral no es neutral: es una toma de posición. Transmite frialdad, distancia y desinterés en el momento en que más se necesita liderazgo.
Lo ocurrido en Huelva marca un punto de inflexión. La brecha entre el Ministerio del Interior y buena parte de la Guardia Civil no se cerrará con comunicados ni con reproches a quienes protestan, sino con una revisión profunda de la política de seguridad, un respaldo inequívoco a los agentes y, sobre todo, asumiendo responsabilidades cuando corresponde.
Si el Gobierno no es capaz de acompañar a quienes arriesgan su vida por el Estado de derecho ni siquiera en el día de su despedida, el problema ya no es solo de gestión: es de legitimidad moral. Y eso, en democracia, tiene consecuencias.
