Las mismas fuentes han calificado la resolución de «desproporcionada» y han avanzado la intención del exdiputado socialista de agotar su última vía jurídica con un recurso de amparo ante el tribunal de garantías.
Pero la sentencia no se limita a los años de carcel incluye además un amplio catálogo de multas e inhabilitaciones: por organización criminal en concurso con cohecho continuado, una multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios —unos 30.000 euros—, junto a la inhabilitación para sufragio pasivo durante cinco años y seis meses —esto es, la prohibición de presentarse a elecciones o acceder a cargos públicos electivos— y 12 años de inhabilitación para cargos vinculados a la gestión de patrimonio o fondos públicos.
Por el cohecho en concurso con tráfico de influencias, el tribunal fija una multa de 14 meses a 50 euros diarios —unos 21.000 euros— y otra sanción de 500 euros, además de inhabilitaciones de 10 años para cargos relacionados con el manejo de caudales públicos y de ocho años para intervenir en contratación pública, así como otros ocho años de inhabilitación para sufragio pasivo.
A ello se suman nuevas multas de 500 euros y distintas inhabilitaciones derivadas de otros episodios, como la contratación de Claudia Montes o los chalés de Marbella y La Alcaidesa, que oscilan entre los ocho y nueve años, además de suspensiones de empleo o cargo público en los supuestos de cohecho.
Asimismo, el tribunal ha fijado que Ábalos y Koldo deberán indemnizar a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente. Además, se acuerda el decomiso de las ganancias derivadas del delito de cohecho, que ascienden a 430.298 euros. Esa cantidad se desglosa en 340.000 euros abonados por Víctor de Aldama —10.000 euros mensuales durante 34 meses—, 82.295 euros correspondientes a la renta de un inmueble en la Plaza de España y 8.000 euros por el alquiler del chalé de Marbella (Villa Parra).
