El resultado es una sensación cada vez más extendida entre los ciudadanos: nadie parece asumir la responsabilidad política de nada.
En el caso del rescate de Plus Ultra, las preguntas eran sencillas. ¿Suscitó dudas a Yolanda Díaz una operación que hoy sigue generando controversia? ¿Pidió explicaciones cuando aparecieron nuevas informaciones sobre el expediente? Su respuesta no fue una explicación, sino una repetición mecánica de las palabras de la portavoz del Gobierno. Ni una valoración política, ni una reflexión, ni una aclaración.
La intervención de Elma Saiz tampoco ayuda a despejar incógnitas. La ministra asegura que el expediente se ajustó a los criterios técnicos y a la normativa vigente, pero admite desconocer aspectos relevantes sobre la situación de la compañía y sus deudas. Es una respuesta que transmite una confianza ciega en el procedimiento, pero poco interés por conocer los detalles de una operación financiada con dinero público.
La cuestión de fondo ya no es si los ministros conocían o no determinados extremos del rescate. Lo preocupante es que, cuando se les pregunta, parecen incapaces o poco dispuestos a ejercer la responsabilidad política que se supone inherente a su cargo. Si no sabían, cabe preguntarse qué control ejercieron sobre una decisión tan relevante. Y si sabían, resulta difícil entender por qué evitan responder.
En una democracia, la legalidad de un expediente no sustituye a la obligación de rendir cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a algo más que respuestas automáticas. Tienen derecho a saber quién decidió, quién supervisó y quién asume las consecuencias. Porque, al final, la sensación que queda es que los ministros no saben o, quizá peor, no quieren saber.
