La medida generó críticas al coincidir con recortes y limitaciones en infraestructuras hidráulicas españolas, especialmente en el trasvase Tajo-Segura, clave para el regadío en la Comunidad Valenciana y Murcia.
El acuerdo establece que España utilizará instrumentos financieros para apoyar proyectos considerados prioritarios por el Gobierno marroquí, incluyendo infraestructuras hidráulicas y energías renovables. La referencia expresa a las transferencias entre cuencas provocó malestar en sectores agrícolas españoles, que consideran a Marruecos un competidor directo.
La controversia también alcanzó al ámbito ferroviario. La declaración destaca la financiación para la adquisición de material rodante de CAF por parte de la compañía ferroviaria marroquí. Este compromiso coincidió con problemas en la red ferroviaria española y con la ejecución parcial de inversiones previstas en infraestructuras de cercanías, especialmente en la Comunidad Valenciana.
Las críticas se concentraron en el impacto que estas decisiones podrían tener sobre sectores estratégicos españoles, como la agricultura del sureste peninsular, dependiente del trasvase Tajo-Segura, y sobre la modernización de las infraestructuras ferroviarias nacionales.
