En un reciente auto, sitúa los hechos en el periodo en que Santos Cerdán ocupaba la Secretaría de Organización y señala que la supuesta estructura habría tratado de proteger los intereses del partido bajo la actuación de Leire Díez, entonces vinculada a dicha secretaría.
La resolución rechaza el recurso presentado por el fiscal Ignacio Stampa para ser reconocido como perjudicado en la causa. Pedraz entiende que las denuncias y acusaciones dirigidas contra él por parte de algunos investigados constituirían un conflicto personal, encuadrable en posibles delitos contra el honor o denuncia falsa, y no formarían parte del núcleo de la organización criminal investigada.
Según el magistrado, esas actuaciones se habrían impulsado después de fracasar los intentos de alcanzar los objetivos atribuidos a la trama y tras conocerse que Stampa había denunciado los hechos ante sus superiores. A su juicio, la estrategia buscaba desacreditar su testimonio y las pruebas aportadas en otros procedimientos, más que interferir directamente en las investigaciones policiales y judiciales objeto de esta causa.
Pedraz coincide con la Fiscalía Anticorrupción en que la investigación debe centrarse únicamente en las conductas desarrolladas de forma coordinada dentro de la supuesta organización. Delimita dos grandes líneas de actuación: por un lado, una presunta red de contratación pública irregular relacionada con adjudicaciones y rescates empresariales; y, por otro, una estructura destinada a neutralizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.
Entre los investigados figuran responsables y exresponsables de instituciones públicas, así como directivos de organismos y empresas presuntamente beneficiadas. La próxima diligencia relevante será el análisis del contenido del teléfono móvil de José Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, previsto para el 18 de agosto.
