Considera que la medida permite a operadores extranjeros beneficiarse de una infraestructura desarrollada con inversión pública y recursos propios de la compañía española. En una entrevista con Europa Press, Puente defendió que las empresas que operan en España deben asumir sus propias inversiones. A su juicio, si carecen de instalaciones para mantener sus trenes, deben construirlas o recurrir a centros en otros países, como hace Renfe en Francia. Además, avanzó que la operadora pública recurrirá la decisión ante los tribunales.
El ministro también cuestionó el modelo de liberalización ferroviaria. Señaló que la competencia actual enfrenta a tres empresas respaldadas por sus respectivos Estados, lo que, según afirmó, ha provocado pérdidas en el sector y reducido los recursos disponibles para financiar servicios públicos deficitarios.
Las críticas se extendieron al transporte por carretera. Puente rechazó la propuesta de liberalizar las líneas de autobús más rentables, al considerar que pondría en riesgo la cohesión territorial. Defendió el sistema concesional actual porque permite compensar rutas deficitarias con otras más rentables y garantiza el servicio en zonas menos pobladas.
Asimismo, arremetió contra las demandas de Flixbus para ampliar su actividad en España, al entender que podrían alterar las reglas del modelo concesional vigente.
Por último, defendió la creación de un marco medioambiental global para el transporte marítimo a través de la Organización Marítima Internacional. Según explicó, unas normas homogéneas ayudarían a equilibrar la competencia entre puertos europeos y extracomunitarios.
