La sanción forma parte de un expediente abierto en 2022 contra seis grandes grupos del sector: Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, OHLA y Sacyr. Competencia les atribuye prácticas contrarias a la libre competencia en miles de licitaciones públicas entre 1992 y 2017 y les impuso multas por un total de 203,6 millones de euros, siendo la de Dragados la más elevada.
Según la CNMC, las constructoras intercambiaban información sensible sobre concursos públicos, posibles ofertas y formación de uniones temporales de empresas (UTE), lo que habría reducido la competencia y la diversidad de propuestas presentadas a las administraciones.
Tras la práctica de las pruebas y la presentación de conclusiones por las partes, los magistrados deberán decidir ahora si confirman la sanción o estiman los argumentos de Dragados, que niega haber cometido irregularidades y considera desproporcionada la multa.
La ejecución de la sanción permanece suspendida cautelarmente desde 2023 mientras se resuelve el recurso. Fuentes jurídicas sitúan la sentencia entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
El fallo será clave para el resto de procedimientos derivados del mayor expediente sancionador abierto por la CNMC en el sector de la construcción y podría influir en futuras decisiones sobre la capacidad de las empresas implicadas para contratar con las administraciones públicas.
