La propuesta pretende presumir la condición de exiliado de todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, facilitando así su acceso a la nacionalidad española.
El documento, elaborado por el letrado de la Comisión de Educación, Fernando Dorado Frías, sostiene que la enmienda fue presentada “sin justificación alguna” y carece de relación con el proyecto de ley que intenta modificar. Según el informe, no existe “el mínimo punto de conexión material” entre una reforma educativa y los cambios planteados en materia de memoria democrática y nacionalidad.
El PP ha aprovechado el criterio jurídico para reforzar sus críticas a la iniciativa. Desde Génova sostienen que Sumar intenta introducir una modificación de gran alcance “por la puerta de atrás” mediante una enmienda ajena al objeto de la ley en tramitación.
Además, el informe recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las llamadas “enmiendas intrusas” y advierte de que la falta de conexión entre la enmienda y la norma que pretende modificar podría afectar a los derechos de participación parlamentaria recogidos en la Constitución.
Los populares exigen ahora que PSOE y Sumar expliquen si mantendrán la propuesta tras conocerse un informe que considera la iniciativa incongruente con la finalidad de la ley educativa y cuestiona su encaje dentro del procedimiento legislativo.
