Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento, al considerar que estos planes son esenciales para prevenir o minimizar las consecuencias de posibles crisis energéticas, ya sean provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques, fallos de suministro o escasez de combustible.
Aunque la Comisión no vincula este expediente con el gran apagón que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025, recuerda que los Estados miembros están obligados a revisar y publicar estos planes cada cuatro años.
Según el Ejecutivo comunitario, los planes permiten coordinar la respuesta ante incidentes con impacto transfronterizo, garantizando que el suministro eléctrico pueda dirigirse a las zonas más afectadas en situaciones de emergencia.
España, Francia y Bélgica disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión. Si las explicaciones no son satisfactorias, Bruselas podría avanzar en el procedimiento con un dictamen motivado e incluso llevar el caso ante la justicia europea.
