Conde-Pumpido realizó estas declaraciones a pocos días de que el Constitucional analice los recursos de amparo presentados por Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes el Tribunal Supremo excluyó de la amnistía al considerar que obtuvieron un beneficio patrimonial derivado del uso de fondos públicos.
El presidente del tribunal evitó adelantar el sentido de las sentencias, aunque señaló que, si se estiman los recursos, la decisión se comunicará de inmediato a las partes y corresponderá posteriormente al Supremo ejecutar sus efectos.
Conde-Pumpido justificó además que los fallos del Constitucional deben detallar con precisión sus consecuencias jurídicas y rechazó que ello convierta al órgano de garantías en una instancia superior al Supremo. «El Constitucional actúa dentro del ámbito de sus competencias», afirmó.
El debate cobra especial relevancia tras el rechazo de la mayoría del tribunal a una ponencia anterior que avalaba la interpretación del Supremo sobre la malversación. La resolución que se adopte ahora fijará la doctrina sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en estos casos y marcará el camino para futuras decisiones judiciales.
