La investigación, iniciada por la Dirección General de Consumo tras una denuncia de la federación CECU, podría derivar en sanciones de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido de forma ilícita.
Se trata de la primera vez que Consumo actúa contra la propia plataforma por una posible infracción directa. Hasta ahora, los expedientes se habían centrado en la información publicada por los anunciantes.
La actuación coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno. El ministerio ha anunciado que vigilará el cumplimiento de las nuevas obligaciones informativas por parte de los grandes portales inmobiliarios y les remitirá una circular explicando los cambios normativos.
Entre las novedades, los anuncios de alquiler deberán incluir el índice de referencia del precio de la vivienda y, cuando proceda, la renta del último contrato de arrendamiento de los cinco años anteriores. Esta exigencia será obligatoria en todo el territorio nacional, independientemente de que el inmueble se encuentre o no en una zona tensionada.
Además, los anuncios deberán reflejar el límite legal de renta cuando exista y especificar si el propietario tiene la condición de gran tenedor. El objetivo es ofrecer a los potenciales inquilinos una mayor transparencia sobre los precios y facilitar la comparación entre la renta ofertada y los valores de referencia fijados por la Administración.
