La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) advierte de que medidas como las limitaciones a la compra de vivienda por parte de grandes tenedores, las prórrogas obligatorias de contratos o los nuevos derechos de adquisición para los inquilinos pueden provocar la retirada de propietarios del mercado y reducir el desarrollo de viviendas en alquiler.
Especial preocupación genera la ampliación de las restricciones a determinadas adquisiciones de vivienda hasta 2030, que afectan a empresas con más de diez viviendas o cinco en zonas tensionadas. Según Asval, estas compañías desempeñan un papel relevante en la oferta de alquiler estable y no pueden equipararse automáticamente a inversores especulativos.
La entidad también rechaza el derecho preferente de compra para los inquilinos, al entender que limita la capacidad de los propietarios para vender inmuebles incluso a familiares directos.
Por su parte, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que las medidas no han sido consensuadas con el sector y reclama una política de vivienda basada en el diálogo y la seguridad regulatoria. Los promotores recuerdan que España necesita construir unas 250.000 viviendas al año, frente a las entre 90.000 y 110.000 que se levantan actualmente, lo que agrava el déficit de oferta.
En la misma línea, Asprima sostiene que los decretos suponen un retroceso para la promoción de vivienda y la captación de financiación, al transmitir incertidumbre a los inversores institucionales.
El sector coincide en que la prioridad debe ser aumentar la oferta residencial y advierte de que una mayor intervención en el mercado podría acelerar la salida de capital destinado al desarrollo de parques de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los colectivos con mayores dificultades.
