Este organismo va a sustituir a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada del caso Adamuz, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). Esta tendrá que ser validada por el Congreso a través de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
El cambio de modelo viene regulado por la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Lo que se hace es disolver todas las comisiones independientes actuales para crear una de manera mancomunada bajo el paraguas de una presidencia, que después se ramifica en tres consejerías, una por cada tipo de transporte, y dos consejeros para cada una. La sede de esta nueva Autoridad, tras el concurso público celebrado estas dos últimas semanas, estará ubicada en Córdoba o en Málaga. Los cuerpos de investigadores, que en este caso serían seis de la CIAF y que se dedican directamente a los accidentes y elaboran los informes que después elevan al pleno, se reintegrarán en la nueva Autoridad.
