El contrato, valorado en más de 1.000 millones de euros hasta 2038, aspiraba a concentrar en un único operador toda la explotación publicitaria de los aeropuertos españoles.
Según fuentes del sector, el proceso ha fracasado por las elevadas exigencias económicas de Aena, el elevado riesgo comercial, las inversiones iniciales requeridas y la incertidumbre derivada de los recientes movimientos corporativos en la industria publicitaria.
La compañía esperaba ingresar al menos 570 millones de euros mediante cánones vinculados al número de pasajeros o a un porcentaje de las ventas. Sin embargo, los operadores consideran que esas condiciones dificultaban la rentabilidad del proyecto, especialmente en un mercado como el español.
A ello se suman las recientes operaciones de compra y consolidación entre grandes grupos del sector, que han llevado a las empresas a actuar con mayor cautela.
Dado que los nuevos contratos no debían entrar en vigor hasta 2028 —salvo en Baleares—, Aena dispone de margen para rediseñar la licitación y adaptarla a un contexto más favorable. El proyecto contemplaba la gestión de unos 1.500 soportes publicitarios distribuidos en una superficie cercana a los nueve millones de metros cuadrados.
