El índice de referencia que se utilizará será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del índice de precios de consumo (IPC), la tasa de variación anual del IPC subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, según explicó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, incorpora mecanismos de corrección para la moderación en caso de incrementos superiores al 2%. Sin embargo, otra medida del Gobierno puede provocar que estos precios se mantengan al alza.
«Acabamos de acordar con el PSOE prorrogar el escudo social que con tanto esfuerzo logramos cuando gobernábamos. Suspendemos los desahucios de personas vulnerables durante un año y mantenemos las ayudas al transporte durante seis meses. También arreglaremos el error de Bildu y ERC», anunció la semana pasada Belarra en su cuenta de ‘X’. El escudo social del que habla es el Real Decreto ley 11/2020 y su ampliación ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
Como bien explica el mensaje en redes, esto impide el desalojo de las personas vulnerables durante todo el 2025, lo que también incluye a las que son okupas e inquiokupas. La vulnerabilidad no se declara por un baremo totalmente estricto, depende de los servicios sociales. Generalmente se suele conceder si se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: ser víctima de violencia de género, dependiente o con dependientes o menores a su cargo, estar desempleado o tener unos ingresos bajos.
Que esta medida se aplique también en los casos de okupas e inquiokupas puede ser contraproducente según algunos expertos: «Esta prórroga hará que cada vez menos gente se atreva a poner en alquiler sus pisos, ya que, si el inquilino deja de pagarle y se declara vulnerable, no sabe cuándo podrá recuperar su propiedad. Porque van cinco años de moratoria de desahucios del alquiler».
