La burocracia ahoga la operatividad de las empresas y pone en peligro el crecimiento económico. Lo asegura el Banco de España en su última publicación, en la que advierte de que «la calidad del entorno regulatorio influye en el crecimiento económico. En España, la normativa densa y fragmentada, eleva costes y dificulta el emprendimiento», por lo que reclama «mejorar la coherencia de las normas y simplificarlas, lo que favorecería un marco de actuación más dinámico, eficiente y accesible para las empresas, especialmente las pequeñas, y para los nuevos emprendedores».
El supervisor bancario concreta que en el año 2022 se publicaron 11.775 nuevas disposiciones, una proliferación de normas provocada por el «dinamismo de un Estado descentralizado y en construcción», a lo que suma la transposición de las directivas europeas, que provoca «una normativa heterogénea tanto entre sectores como entre comunidades autónomas, lo que se traduce en diferencias significativas en los requisitos legales y administrativos para las empresas según dónde y en qué sector operan». Solo en 2022 se publicaron 11.775 nuevas disposiciones, es decir, 32 normas nuevas cada día, una cada 45 minutos. Un número de normas publicadas cada año que se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia. Entre 1979 y 2021 las distintas administraciones españolas aprobaron 411.804 normas.
Según el analista Mora-Sanguinetti, la consecuencia directa de esta sobrerregulación burocrática es que los empresarios y los emprendedores se enfrentan a una «creciente carga administrativa y a una falta de claridad o coherencia en el entorno regulador», una realidad que «eleva costes y dificulta el emprendimiento». Unas trabas que se acentúan en el caso de las pymes, «las más sensibles al aumento de la normativa» porque tienen «menos capacidad para absorber los costes de cumplimiento». Y las cifras que pone sobre la mesa así lo atestiguan, ya que «un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores», al tener que afrontar la existencia de normas diferentes en cada comunidad autónoma, algo que «puede aumentar los costes de cumplimiento para las empresas, dificultar la expansión territorial y reducir la eficiencia del mercado interior».
Por ello, desde el regulador se reclama a las Administraciones Públicas que las regulaciones «estén mejor diseñadas, sean más claras y más coordinada» con el objetivo de aliviar los costes para las empresas existentes, pero también propiciar «la entrada de nuevas empresas y emprendedores y el crecimiento de proyectos innovadores. Avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general».
En este sentido, resulta clave «reforzar los análisis de impacto normativo y evitar duplicidades innecesarias entre niveles de gobierno. Reducir la maraña regulatoria no solo aliviaría los costes para las empresas existentes, sino que también propiciaría la entrada de nuevas empresas y emprendedores y el crecimiento de proyectos innovadores. En última instancia, avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general».
