Según las mismas fuentes, la solicitud del sexto pago se postergará hasta que después de esta adenda que «articulará» el resto de transferencias pendientes. Estos cambios tienen como objetivo agilizar el desembolso de los pagos, ya que el propio Ejecutivo comunitario está urgiendo a las capitales europeas a esta tarea, debido a que este instrumento expira el 31 de agosto de 2026. En el caso de España, tras el desembolso del quinto pago en el mes de agosto se ha recibido el 44% del dinero asignado.
Bruselas, que lleva meses pidiendo a los países que aceleren la implementación de sus planes, les presentó en mayo varias opciones para allanarles el camino, ya que sigue descartando de plano prolongar el fondo más allá de 2026.
La Comisión Europea sugiere que los países amplíen aquellas inversiones que estén teniendo éxito y transfieran fondos a otros programas del presupuesto comunitario, como Invest EU y las partidas de defensa, o que fragmenten aquellas medidas que puedan ser financiadas también con dinero estatal u otros fondos de la UE. De este modo podrían recibir financiación durante más tiempo, por ejemplo, vía fondos de cohesión hasta 2027.
Según fuentes gubernamentales, España «no descarta nada», pero «el gran foco de esta última adenda» es la simplificación de hitos y objetivos para que lleguen los alrededor de 20.000 millones de euros que quedan de desembolso. La prioridad sigue siendo «gastar hasta el último euro de transferencias» ya que la posible petición de créditos está vinculada a la «demanda de los instrumentos financieros, y puesto que (esta hipotética solicitud) tiene un coste en términos de deuda».
Los Estados miembros tendrán hasta el 31 de agosto para cumplir los hitos y objetivos ligados a los desembolsos, si bien podrán presentar la solicitud del último pago hasta el 30 de septiembre y el Ejecutivo comunitario dispondrá hasta el 31 de diciembre para realizar las transferencias
