Comisión Europea ha advertido que el procedimiento que aplica España para otorgar las concesiones de locales en zonas costeras, sean para restaurantes o piscifactorías difiere de la normativa comunitaria. La regulación europea, defiende, requiere de un proceso de selección transparente, frente al procedimiento español que consiste en una solicitud previa y un periodo de consulta pública de 20 días. Además, la Comisión Europea avisa de que la prórroga de estas concesiones según la normativa española permite extenderlas hasta 75 años, lo que supone un derecho preferente en favor de los titulares. Al tiempo, advierte de que obstaculizan el acceso a dichas concesiones por parte de operadores de otros países de la UE.
Pero este no es el único procedimiento sancionador para España en diciembre. La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar correctamente la directiva de contratación de los servicios públicos y la directiva sobre la adjudicación de concesiones. Bruselas abrió un expediente sancionador a España y ambas normativas debían haber sido aplicadas a la normativa nacional en abril de 2016. «España aún no ha introducido en su legislación los cambios necesarios para hacerla compatible con todas las obligaciones que impone la legislación de la UE. La legislación española se aparta notablemente de las normas de la UE, sobre todo en lo que respecta a los tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos que deben seguir las normas de contratación pública», observa la Comisión Europea en un comunicado.
Ambas directivas establecen que los Estados miembros deben seguir procedimientos imparciales y transparentes y tienen por objeto abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE y garantizar la mejor relación calidad-precio en las compras públicas. Tras la notificación tardía por parte de España en la transposición de las tres Directivas y el control de conformidad realizado por la Comisión, en diciembre de 2021, la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024.
