Según consta en el acta oficial de la Mesa de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se ha producido una «pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente, motivada por la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores».
Concretamente, estos organismos a los que se hace alusión son el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo; El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente de Sanidad; y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), que depende de Hacienda.
La realidad es que la ausencia de unos PGE desde hace años es lo que ha paralizado este contrato, por lo que para poder adjudicarlo seria necesario recuperar la cobertura presupuestaria, algo que podría retrasarse hasta después del verano.
Todo este proceso se remonta a hace casi un año. Concretamente a julio de 2025, cuando el Gobierno dio a conocer, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la adjudicación de la tercera edición del contrato CORA, un concurso público dotado con 340 millones de euros para unificar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos durante 3,7 años. El contrato centraliza servicios hasta ahora repartidos en múltiples convenios ministeriales, como voz fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes.
En la adjudicación, el lote 1 (red nacional multiservicio) fue para Telefónica; el lote 2 (comunicación fija y móvil con dispositivos) para MasOrange; el lote 3 (ciberseguridad e interconexión de centros de datos) para la UTE formada por Orange+TRC y Mnemo; y el lote 4 (red de datos internacional) para Evolutio. En julio de 2025, Telefónica recurrió ante el TACRC la adjudicación del lote 3 al alegar que Mnemo, socio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de MasOrange, carecía de plan de igualdad, requisito obligatorio en concursos públicos, y en septiembre de 2025 el tribunal le dio la razón y anuló la adjudicación.
En octubre de 2025, ya en fase de formalización del contrato tras esa primera resolución, la Mesa de Contratación del Ministerio pidió a Telefónica acreditar el cumplimiento del plan de igualdad de todas las empresas que aportaban solvencia o estaban previstas como subcontratistas, y la compañía informó de que la Ley de Contratos del Sector Público permite ajustar la estructura de subcontratación, por ejemplo eliminando un nivel. En noviembre de 2025, la Mesa decidió excluir a Telefónica al considerar que Govertis, uno de los proveedores previstos, no cumplía con los requisitos de igualdad, y declaró desierto el lote, decisión que la operadora volvió a impugnar ante el TACRC en diciembre.
Para garantizar la continuidad del servicio, desde diciembre de 2025 Telefónica sigue prestando los servicios asociados al lote 3 mediante una prórroga forzosa, en paralelo al lanzamiento por parte de la Administración de una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables por otros nueve, en exclusiva con Telefónica, que la compañía presentó en marzo de 2026 y que está en fase de formalización con entrada en vigor prevista el 1 de junio.
