En concreto, se trata de una enmienda que los nacionalistas vascos presentaron a la Ley orgánica de medidas para la eficiencia de la Justicia, que ayer llegaba al Pleno para su votación. Pero también llegaban al Pleno decenas enmiendas de los grupos parlamentarios que habían quedado vivas tras el paso del proyecto de ley por la Comisión de Justicia.
Entre ellas, la 539. En ella, el PNV proponía una modificación del artículo 795.1 de la Lecrim para Inclusión de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble en la lista de delitos de enjuiciamiento rápido. Con el objetivo final de acelerar los desahucios en ambos supuestos.
Llegó la hora de votar y, sorprendentemente, ERC y Bildu unieron sus votos a los del PNV, el PP, Junts, UPN y Coalición Canaria, hasta alcanzar 160. Ello y la abstención de los diputados de Vox permitió que la reforma recibiera el visto bueno de la Cámara Baja, aun con el voto en contra del PSOE, Sumar y Podemos (puede consultar el detalle de la votación aquí).
Ante el revuelo suscitado, el partido de Otegi se apresuró a emitir un comunicado aclarando que fue un error: «Lo asumimos, lo lamentamos, nos disculpamos por ello e intentaremos revertirlo y enmendarlo lo antes posible en coherencia con la postura contraria que hemos mantenido siempre que se ha planteado esta medida por parte de diferentes grupos en el Congreso». También ERC achacó su voto a un fallo.
