La cifra procede del análisis de más de 2.300 informaciones periodísticas y distingue entre 2.166 millones asociados a casos con resoluciones oficiales y 3.266 millones correspondientes a investigaciones aún abiertas.
Entre los expedientes con mayor impacto económico figuran las pérdidas de Correos, estimadas en 1.250 millones de euros, el caso Zapatero y el rescate de Plus Ultra (750 millones), la trama Koldo-Ábalos (700 millones) y las ayudas de la SEPI a Air Europa y Duro Felguera (616 millones). También se incluyen las investigaciones relacionadas con Servinabar, Forestalia, fondos europeos, fraude del IVA en hidrocarburos y diversos contratos públicos.
El estudio incorpora además otros episodios que considera ejemplos de opacidad institucional, aunque sin cuantificación económica directa, y destaca que la contratación pública sin concurrencia habría alcanzado cerca de 5.000 millones de euros.
Más allá de estos casos, el informe sostiene que el principal coste para España deriva del deterioro institucional. Según sus estimaciones, una mejora de la calidad de las instituciones hasta niveles acordes con el desarrollo económico del país podría elevar la renta per cápita un 10,7% a largo plazo. El documento calcula que el déficit institucional supone una pérdida potencial de unos 181.000 millones de euros al año, equivalentes a alrededor de 3.660 euros por habitante.
Asimismo, el Instituto subraya el deterioro de España en diversos indicadores internacionales de gobernanza, transparencia y Estado de derecho, donde el país ha perdido posiciones en los últimos años debido a factores como la percepción de corrupción, la estabilidad política y la independencia institucional.
