El abogado del empresario ha subrayado durante su intervención que la actuación de la Fiscalía General en la noche del 13 de marzo —cuando supuestamente se produjo la filtración— y la mañana siguiente se «alineó» con el relato del Gobierno y del PSOE sobre el fraude fiscal atribuido a la pareja de Ayuso.
«La prueba muestra que las conductas del Ministerio Fiscal se alinean de forma plena con el relato que los días 13 y 14 de marzo integraba la política de comunicación del Gobierno y del PSOE, tanto nacional como de Madrid», ha afirmado el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, quien ha insistido en que «fueron idénticos el relato institucional de confesión y culpabilidad de la Fiscalía y el relato político de delincuente confeso».
También ha afirmado que el correo donde se reconocía la comisión de dos delitos fiscales para tratar de llegar a un acuerdo fue «transmitido» por García Ortiz a un periodista de la Cadena SER «como método para activar su relato institucional de culpabilidad». Considera igualmente que activó «la revelación a un periodista de un ‘email’ como supuesta cobertura legal para la publicación de la nota». «No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena», ha dicho el abogado, que ha asegurado que sobre su cliente cayó una «sentencia popular» y se le convirtió en «moneda política». «Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente», ha remarcado Ramos.
En la lista de dirigentes políticos que han utilizado la expresión «delincuente confeso» ha incluido, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.
Asimismo, la defensa de González Amador ha incidido en que el fiscal general actuó al margen de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, al acordar la redacción la noche del 13 de marzo de una nota informativa a sus espaldas para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido llegar a un acuerdo al novio de Ayuso. Como testificó la fiscal, el letrado ha señalado que para «neutralizar» un bulo no era necesario incluir la admisión de los delitos en la nota que se difundió el 14 de marzo.
El abogado ha insistido además en que la Fiscalía no investigó ninguna de las filtraciones previas que afectaron a su cliente, como la publicación de la denuncia del Ministerio Público o de su expediente tributario en marzo de 2024. A su juicio, esa falta de actuación contrasta con la diligencia mostrada en otras causas y refuerza la tesis de que existió una actuación coordinada para perjudicar la imagen de González Amador.
Por último, Rodríguez Ramos ha defendido la validez de las pruebas incorporadas al procedimiento y ha rechazado el argumento de la defensa de García Ortiz sobre la supuesta desproporción en el volcado de sus dispositivos electrónicos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Siempre se clona todo. Lo saben todos los operadores jurídicos que están en esta sala», ha concluido el letrado antes de dar por finalizada su intervención.
Las acusaciones populares han ido en la misma línea. El letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cuestionando la credibilidad de los periodistas que han declarado que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general. Ha explicado que la intención del ICAM es proteger el secreto profesional porque los acuerdos de conformidad no surgen espontáneamente, sino de los contactos entre los abogados y la Fiscalía en un contexto de confidencialidad.
El representante de la Fundación Foro Libertad y Alternativa ha definido como «inverosímil» el testimonio de García Ortiz y el de los dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo clave antes que él. Ha considerado «intrascendente» que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese de la pareja de Díaz Ayuso, porque lo esencial» para el fiscal general fue «la difusión del contenido concreto del correo». El abogado de Manos Limpias ha dicho que la «única explicación razonable» es que la filtración procediera del jefe del Ministerio Público.
La última acusación en intervenir ha sido la del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado. Ha pedido que la eliminación de sus dispositivos sea tomada como prueba, y en este punto ha puesto de ejemplo casos como el de José Bretón, que asesinó a sus hijos e hizo desaparecer sus cuerpos, o el de narcotraficantes que tiran por la borda la droga «y nadie baja al fondo del mar» para comprobarlo.
Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que pide la absolución de García Ortiz, ha asegurado que el novio de Ayuso ha recibido el mismo trato que cualquier otro ciudadano.
