Este incremento se debe al encarecimiento de las indemnizaciones medias, que han aumentado un 9,3% en el último año, desde los 10.467 euros registrados de media por trabajador en el primer semestre de 2024 hasta los 11.444 euros en 2025.
El repunte llega en un momento en el que el modelo de despido vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial.
En el último año, algunos tribunales habían empezado a aplicar el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) —órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea—, concediendo indemnizaciones adicionales en caso de despido improcedente. Sin embargo, en julio de 2025, el Tribunal Supremo zanjó esta práctica al ratificar que los jueces no podían fijar compensaciones por encima de los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
El fallo del Supremo ha reforzado las tesis de los sindicatos, que fueron precisamente quienes llevaron el caso ante el CEDS. Tanto Comisiones como UGT sostenían que la decisión del Tribunal Supremo evidenciaba la necesidad de una reforma legislativa que adaptase la normativa española a los estándares europeos y garantizase una compensación «real y disuasoria» frente al despido improcedente. Tras la reunión, los sindicatos han explicado que Trabajo no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta y ha conminado a los agentes sociales a presentar la suya en un plazo de tres semanas. En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han explicado en declaraciones a los medios que ambos sindicatos armarán una propuesta unitaria.
UGT y CCOO presentaron dos reclamaciones colectivas ante el Consejo de Europa y emitieron un comunicado conjunto recordando que “las decisiones judiciales no pueden ignorar los compromisos internacionales asumidos por España”. Ambas centrales insistieron en que la legislación debía garantizar una reparación completa y efectiva, y señalaban como referencia el modelo previo a la reforma laboral de 2012, que fijaba 45 días por año trabajado y mantenía los salarios de tramitación.
