La falta de nuevas cuentas públicas sigue dificultando la planificación, al mantener créditos iniciales alejados de las necesidades reales de gasto.
Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la amortización de deuda pública a largo plazo. En 2025 el Estado debía devolver 113.500 millones de euros, pero el presupuesto prorrogado solo contemplaba 91.000 millones, por lo que fue necesario ampliar créditos en 22.500 millones.
Según la Cuenta General, esa ampliación no se financió mediante recortes en otras partidas ni con remanentes presupuestarios, sino a través de nuevas emisiones de deuda. En la práctica, el Estado recurrió a nuevo endeudamiento para afrontar el pago de préstamos que vencían durante el ejercicio.
El documento también recoge compromisos de amortización superiores a 120.600 millones de euros para 2026. Dado que el Gobierno tampoco presentará Presupuestos para ese año y volverán a prorrogarse los de 2023, el crédito inicial seguirá fijado en 91.000 millones, lo que podría obligar a nuevas modificaciones presupuestarias cercanas a 29.600 millones.
Aunque en 2025 la financiación procedió exclusivamente de la emisión de deuda, en 2026 el Ejecutivo podría combinar este recurso con mayores ingresos tributarios o ajustes en otras partidas, en función de la ejecución presupuestaria.
Según los últimos datos del Banco de España, la deuda pública alcanzó en mayo de 2026 los 1,729 billones de euros, equivalentes al 100,2% del PIB. De ese importe, 1,575 billones correspondían al Estado. La cifra supone un nuevo máximo histórico, con un aumento de 30.000 millones en lo que va de año. En 2025, la deuda creció en 77.000 millones, el octavo mayor incremento anual registrado en España y uno de los más elevados fuera de periodos de recesión.
