Cabe recordar que Sánchez publicó una carta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio. «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», señaló el jefe del Ejecutivo.
El mismo jueves que se dio a conocer que el CGPJ se reuniría para analizar manifestaciones como esta, el juez dictó una providencia en la que aseguró que no conocía «precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley» que le impidiese anunciar la citación como investigada de la esposa del presidente en plena campaña electoral.
Sánchez no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado esta semana sobre la actuación del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, aseguró que el juez se saltó la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral. Aunque evitó hablar de prevaricación, indicó que lo que está sucediendo es «muy burdo».
