Según el Ministerio de Vivienda, el texto se estructura en diez áreas. Entre ellas destacan el refuerzo de la protección frente a los desahucios, la limitación de la compra especulativa por parte de fondos de inversión, la estabilización de los contratos de alquiler y una mayor regulación de los alquileres de temporada para evitar fraudes.
El decreto también contempla cambios fiscales, como la subida del IVA a las viviendas turísticas para frenar su expansión, bonificaciones para los inquilinos y para los propietarios que reduzcan las rentas, así como ayudas destinadas a la compra de la primera vivienda.
Además, el Ejecutivo pretende blindar el parque público de vivienda para impedir su venta a inversores privados y rebajar el IVA de la construcción de vivienda protegida permanente con el objetivo de ampliar la oferta de inmuebles asequibles.
El anuncio llega después de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid este fin de semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo trabaja contrarreloj para lograr un acuerdo parlamentario que permita convalidar la norma. Por su parte, el ministro de Economía, Cuerpo, defendió la necesidad de combinar medidas de oferta y regulación para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Mientras, la vicepresidenta segunda, Díaz, reclamó un decreto más contundente y exigió que incluya medidas específicas contra los denominados fondos buitre.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca responder a una crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y políticas del país
