El instructor ha acordado ya las primeras medidas y reclama a la Fiscalía que antes de 15 días precise «quién o quiénes fueron las personas físicas concretar que procedieron a la redacción de dicho comunicado» y las que intervinieron «en la decisión de hacer público» el mismo, así como «el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido».
También pide al Ministerio Público «todas las comunicaciones» mantenidas por la Fiscalía con el abogado del empresario «antes y después de hacerse público el comunicado», y que precise a qué personas dispusieron de una copia de esos correos electrónicos.
Además, ha citado el próximo día 24 a la acusación particular que ejerce el empresario y al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), acusación popular, para que ratifiquen sus respectivas querellas. Del mismo modo, acuerda notificar personalmente a los dos fiscales la apertura de diligencias, para que puedan personarse «y tomar conocimiento de lo actuado».
Quiere conocer también las instrucciones remitidas a la carrera fiscal «con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales».
«Violación de seguridad» por la distribución de «datos personales»
Y pide al delegado de Protección de Datos del Ministerio Público que le informe de las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de «la violación de seguridad consistente en la distribución pública» de datos personales de González Amador como los correos electrónicos entre su abogado y la Fiscalía, la denuncia por fraude fiscal y las actuaciones tributarias contra el empresario.
Igualmente, insta a la Fiscalía a aclarar si ha comunicado a la autoridad de control de datos y al propio empresario «la anterior violación de seguridad y, en caso afirmativo, remita copia de dicha comunicación».
En esa misma línea, el juez apremia al Ministerio Público a determinar si se ha dirigido a los medios de comunicación y periodistas que publicaron esos datos «para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales».
Al abogado de González Amador, Carlos Neira, por su parte, le pide los correos electrónicos que se intercambió con la Fiscalía «con ocasión de la defensa» del empresario, antes y después de que el comunicado se hiciese público.
La resolución también valida «los artículos de prensa aportados» por los denunciantes como soporte de sus querellas, «con la finalidad de acreditar su realidad y autentificación». Con ese fin, acuerda solicitar a diez medios de comunicación para que certifiquen «la realidad y autenticidad» de esas publicaciones, identificando al «periodista o autor de la reseña periodística»
