Desde Moncloa se habla con frecuencia de lawfare, de una actuación politizada de algunos jueces y de una estrategia coordinada para interferir en la acción del Gobierno.
Sin embargo, esa tesis presenta una dificultad evidente: hasta ahora no se han aportado pruebas concluyentes que acrediten la existencia de una actuación organizada de la Justicia contra el Ejecutivo. Lo que existe son resoluciones judiciales, recursos, investigaciones y decisiones que pueden ser discutidas jurídicamente, recurridas o criticadas, pero que forman parte del funcionamiento ordinario del Estado de derecho.
La estrategia gubernamental parece responder más a una lógica política que jurídica. Convertir las causas judiciales en un enfrentamiento entre poderes permite desplazar el foco desde el contenido de las investigaciones hacia las motivaciones de quienes las impulsan. El debate deja de ser si existen o no indicios que justifiquen una actuación judicial y pasa a centrarse en la supuesta intencionalidad política de jueces y magistrados.
Desde esta perspectiva, el Ejecutivo busca reforzar la cohesión de su electorado presentándose como víctima de una resistencia de los poderes tradicionales. Pero el riesgo de esa estrategia es evidente: alimentar la desconfianza ciudadana en las instituciones sin aportar evidencias sólidas puede erosionar la credibilidad del sistema judicial y tensar innecesariamente la separación de poderes.
En democracia, las decisiones de los jueces pueden ser erróneas, discutibles o incluso revocadas por instancias superiores. Lo que exige una acusación de persecución judicial es algo más que discrepancias con los autos o con la orientación de una investigación. Exige pruebas. Y, por el momento, esas pruebas no han aparecido en el debate público.
En concreto, si nos atenemos a lo que ha hecho público el Ejecutivo, ni uno solo de sus ministros y corifeos ha presentado prueba alguna y además, concluyentes de una actuación coordinada de los jueces contra el Gobierno. Lo que sí ha aportado son argumentos políticos e indicios que, a su juicio, alimentan la sospecha de lawfare o utilización partidista de la Justicia.
Entre esos argumentos figuran referencias a determinadas resoluciones judiciales, críticas a algunos magistrados concretos, la coincidencia temporal de investigaciones con momentos de alta tensión política y encuestas que reflejan una percepción social de desconfianza hacia la Justicia. Por ejemplo, ministros como Óscar López han apelado a sondeos según los cuales una parte significativa de los ciudadanos cree que existe lawfare, aunque él mismo lo planteó en términos de percepción social y no de prueba jurídica.
Ahora bien, una percepción o una sospecha no constituyen una prueba. Para acreditar una conspiración o una actuación organizada de jueces con fines políticos harían falta evidencias objetivas —comunicaciones, instrucciones, coordinaciones o actuaciones irregulares demostradas— que hasta la fecha no han sido presentadas públicamente.
Por ello, el debate sigue siendo esencialmente político: el Gobierno sostiene que existen indicios de una actuación judicial sesgada, mientras que las asociaciones judiciales y numerosos juristas responden que no se han aportado pruebas que respalden esa acusación y que las discrepancias con resoluciones judiciales deben resolverse como es normal y natural, mediante los recursos previstos por el Estado de derecho.
